Antes fue la intervención extranjera y luego la denominada 'primera línea'. Ahora, con acceso a sus datos personales, el Gobierno pone el foco en los NNA del Sename como el 'enemigo poderoso' que tanto ha buscado. Para el académico Claudio Nash esto transparenta que "nuestros Niños, Niñas y Adolescentes están siendo tratados de la misma manera como se trata a grupos terroristas u organizaciones criminales transnacionales".
Como “gravísimo” calificó la Defensoría de la Niñez el convenio que suscribieron el 21 de febrero pasado la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán. En éste, los organismos acuerdan “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”.
Un documento que fue revelado por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados (Sintrasub) del Sename que, a través de un comunicado oficial, dio a conocer el trato rechazándolo tajantemente por “desproteger y criminalizar a la niñez y juventud“. Rápidamente se sumaron a las críticas otros actores relacionados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) como la Defensoría de la Niñez, que anunció acciones legales y terminó interponiendo un recurso de protección, y numerosas figuras políticas que no veían explicación en el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.
“Es bastante común y normal que entre distintas instituciones del Estado se realicen convenios de colaboración en el traspaso de información para los fines propios que tiene cada institución. Ese convenio se da en ese marco y quiero decir, además, que ese convenio era público y conocido, porque estaba alojado en la página de Transparencia del Sename, como corresponde, y por lo tanto no tiene mayor elemento de novedad”, sostuvo Blumel.
“Además se rige por normas muy estrictas de protección de la información, de hecho hay normas penales en el caso de mal uso de la información, por lo tanto no tiene mayor significancia que la colaboración en el traspaso de información reglado, con derechos y deberes claros, entre distintas instituciones del Estado“, agregó el secretario de Estado.
Desde el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename, quienes realizaron la denuncia, no tardaron en responder y cuestionar nuevamente las motivaciones de un convenio que firman con una organización que, para el dirigente nacional del Sintrasub, Pablo Valdebenito, poco tiene que ver con el resguardo y protección de los derechos de los NNA.
“Venimos a cuestionar el convenio, pese a que está en plataformas públicas y como señala el ministro Blumel no se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, toda vez que el Sename es un organismo que está para proteger los derechos de la niñez y la juventud más vulnerada de Chile. La ANI no está en esa línea, no surge para proteger estos derechos, entonces es una contradicción porque no tiene ninguna forma (la ANI) de contribuir a la restitución y protección de estos derechos, de ninguna manera“, indicó Valdebenito a nuestro medio.
La titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, deslizó que el organismo tomará acciones legales en caso de que no se deje sin efecto el convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores para la entrega de datos personales. Foto: Defensoría de la Niñez.
Horas antes, desde el Sename habían emitido una declaración en defensa del convenio, en la que declaran que “la ley faculta a la ANI a requerir información de todos los servicios públicos, sin distinciones, tal como lo establece el artículo N°8 letra e) de la Ley N°19.974. Como se señala en la ley, dichos servicios están obligados a suministrar los antecedentes e informes que le sean requeridos”. No obstante, esto fue rápidamente contra argumentado por diversos expertos en la materia, como el abogado Francisco Bustos: “En la declaración de Sename hay un error importante. El artículo 8º letra e) autoriza a la agencia para pedir ‘antecedentes e informes’, no datos personales ni mucho menos datos personales de NNA, que son datos sensibles conforme a la ley de datos personales”, sostuvo Bustos.
En la misma línea, en conversación con nuestro medio, el abogado de la ONG Derechos Digitales y académico de la Universidad Diego Portales, Pablo Viollier, enfatizó en que la situación es especialmente preocupante, ya que se trata de información delicada respecto tanto de los datos personales de NNA y, por otra parte, vinculados a una situación de particular vulnerabilidad. “Lo primero que hay que tener en consideración es que estamos frente a datos que son doblemente sensibles“, explicó.
En ese sentido, el abogado experto en manejo de datos personales, sostuvo que una parte muy importante del convenio debiese ser una estricta identificación de qué tipo de datos se comparten, cómo se comparten y para qué finalidad se comparten, cosa que no sucede en este caso. “El documento habla en términos muy amplios para cualquier función relativa a las competencias de cualquiera de los dos organismos”, indicó Viollier.
“Firmar un convenio con una agencia de inteligencia que no establece el especial cuidado de esos datos, y en cambio habla de forma amplia sobre cualquier tipo de información, para cualquier labor de inteligencia, es vulneratorio de los derechos de los mismos niños, niñas y adolescentes que tiene el Sename a su resguardo“, agregó.
En términos jurídicos, Viollier explicó los organismos pueden compartir datos sin consentimiento, pero sólo datos personales (como en el caso del Registro Civil o el Servel), y no para aquellos calificados como datos personales sensibles, categoría especial detallada en el Artículo 10 de la Ley 19.628 que precisa las causales específicas y no contempla este tipo de información.
“El convenio es jurídicamente inconsistente, porque si habla de cualquier tipo de información en el fondo está tratando de meter en la misma bolsa a cualquier tipo de dato y el dato más relevante que tienen en el Sename es la información de los NNA que tiene a su cuidado. Como el mandato legal del Sename es resguardar los derechos de estos NNA que tiene a su cuidado, que están en situación vulnerable, entonces tiene el deber legal de resguardar esta información sensible respecto de estos NNA”, explicó el abogado de la ONG Derechos Digitales.
“Este convenio nos permite garantizar la confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen, pues dejó claramente establecidas las obligaciones de protección de datos que se entregan”, señalaron desde el Sename en una declaración pública. Foto: Archivo.
Dentro de lo expresado en la declaración y denuncia que hizo el Sintrasub , existe un punto que reviste suma importancia y que tiene ver con el rol que ha desarrollado el Estado de Chile en la protección y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el contexto del estallido político y social que vivió el país en los días posteriores al 18 de octubre pasado.
El convenio entre la ANI y el Sename fue firmado el 21 de febrero, en medio de la discusión legislativa en torno al proyecto de ley que buscaba darle nuevas facultades a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica y otras atribuciones en el marco de un eventual Estado de Excepción. Días en que se hacía recurrente por parte del Gobierno el expresar su preocupación ante un “enemigo poderoso” que hasta el momento, no han logrado identificar. En principio rondaba por La Moneda la idea -propiciada por Cristián Larroulet- de una intervención extranjera, que fue rápidamente descartada incluso por el Ministerio Público. Luego, el ‘enemigo poderoso’ cambió y se identificó a la denominada ‘primera línea’ de los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Carabineros como el principal adversario de un gobierno que, junto a las fuerzas de Orden y Seguridad, agotó todos sus recursos por intentar acallar la protesta popular.
¿El resultado? Violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, cientos de heridos por golpizas, disparos de escopetas y sus perdigones, rostros impactados por bombas lacrimógenas y un sinfín de jóvenes y adultos detenidos por las fuerzas policiales. Entre éstos -según datos de la Defensoría Penal Pública- más de 4.000 niños, niñas y adolescentes que, entre octubre y diciembre de 2019, salieron a las calles a exigir sus derechos, de los cuales 186 terminaron con medidas cautelares de prisión preventiva.
“Resulta bastante preocupante por producirse en el mes de febrero, post estallido social, donde ciertamente lo que hace es agudizar, profundizar la estigmatización y criminalización de NNA vinculados al Sename, procurando su relación con la investigación criminal, lo que nos parece insostenible e intolerable“, afirmó la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Una situación que se relaciona directamente con el tercer punto del convenio entre la ANI y el Sename, que habla de los objetivos: facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename, asistir al Sename en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica y desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional, incluyendo la capacitación en materia de competencias propias de cada institución.
Estos tres puntos, para el abogado y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, demuestran lo que subyace en un convenio que, de manera implícita, advierte que se necesita inteligencia -como en toda guerra- para combatir un enemigo poderoso que -para el Gobierno- estaría al interior de los centros del Sename. “Formalmente, nuestros NNA están siendo tratados de la misma manera como se trata a grupos terroristas u organizaciones criminales transnacionales“, sostuvo el doctor en Derecho.
“¿Qué es lo que uno puede leer? Que aquí, desde el 18 de octubre, esta respuesta represiva ante el estallido social, ante las movilizaciones ciudadanas, y este Presidente que nos anunciaba ‘estamos en guerra contra un enemigo poderoso’: aquí tenemos quién es. Ese ‘enemigo poderoso’ es esa primera línea que tanto ha molestado al Gobierno y la lectura que muchos, parece, al interior del Gobierno hacen es que ese enemigo poderoso de la primera línea, está en el Sename“, agregó Nash.
El abogado y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. Foto: Universidad de Chile.
