Atentado contra la autoridad, lesiones y daños. Esos son los delitos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera probados que la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, cometió durante su participación en un desahucio desarrollado en el barrio de Lavapiés en 2014 y por los que la condena a 19 meses de prisión e inhabilitación del derecho al sufragio pasivo. Los magistrados, creen que Serra es responsable de proferir insultos, empujar y arrojar objetos contundentes contra la Policía. Tanto los abogados de la ya condenada como los líderes de la formación morada anunciaron que recurrirán la sentencia, que tildaron de «vergonzosa».
La Sala de lo Civil y Penal la absuelve, por otra parte, del delito de desórdenes públicos que solicitaba la Fiscalía, ya que «no quedó acreditado durante el juicio, pese a la violencia desarrollada», que la intención de Serra y el resto de participantes fuera «atentar contra la paz pública».
«La acusada, integrándose en los grupos de personas que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los policías en general, así como en particular a una agente municipal diciéndole: "Eres cocainómana, mala madre, no te quieren ni tus propios compañeros"», recoge la sentencia del TSJM, órgano en el que se desarrolló el juicio debido a la calidad de aforada de Serra. «A otra agente le dijo: "Si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro"», continúa el fallo, que también recoge que el derecho a la libertad de expresión «tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales».
Asimismo, la diputada regional deberá indemnizar a dos policías con 4.850 y 400 euros, respectivamente, por las lesiones causadas.
Los dirigentes de Unidas Podemos se emplearon ayer en hacer una campaña de apoyo a Serra, en contra de la decisión judicial, después de conocerse la sentencia que algunos de ellos tildaron de «vergüenza» en las redes sociales. El vicepresipresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que son precisamente el líder y la número dos del partido, fueron de los primeros representantes morados en defender a la diputada madrileña y dejar claro su radical rechazo a una resolución que consideran «injusta».
Iglesias incluso anunció en Twitter que presentarán un recurso. «Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia», expresó el vicepresidente en un mensaje. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», continuó. Por su parte, Montero defiende que Serra «actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art. 47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda». Desde fuera de La Moncloa, el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, tachó la decisión del juzgado de Madrid de «vergüenza» porque, justifica, Serra actuó «pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad».
La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, algo que sus letrados ya han señalado que harán. «El fallo conculca el derecho a la presunción de inocencia», aseguró ayer Daniel Amelang, abogado de la diputada, en conversaciones con ABC: «A mi juicio, las pruebas objetivas eran muy claras: los agentes fueron increpados y agredidos por terceras personas. Un análisis de los vídeos y fotografías lo revela. Sigo convencido de que la imputación se debe a un error de identificación». Serra no entrará en prisión, ya que carece de antecedentes y la condena es menor a dos años.
«Plus de credibilidad»
Isa Serra encabezó la lista de la coalición UP-IU-Madrid en Pie en las pasadas elecciones para la Asamblea madrileña, y cuenta con el grupo de menor tamaño en dicho parlamento: siete diputados de un total de 132. La dirigente, ahora de baja por maternidad, manifestó ayer en las redes sociales que la sentencia le parecía «desproporcionada e injusta», y protestaba porque el tribunal había dado «un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes» pese a que, según ella, «todas las pruebas» aportadas por su defensa contradicen la versión policial de los hechos y el juicio «demostró claramente» que las acusaciones «eran falsas».
La política entiende que «en este fallo hay intereses políticos por parte del tribunal», y considera el fallo «una criminalización de la protesta social».
