El último informe del Síndic de Greuges refleja que, a partir del verano de 2018, los centros de recepción -especialmente en Alicante y Valencia- se han visto "desbordados" por la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAS), que ha tenido como consecuencia un incremento de plazas residenciales "de forma apresurada".
"Incluso se han producido actuaciones administrativas contrarias a la normativa vigente" en materia de ordenación de centros residenciales, señala el informe del Síndic de Greuges de 2018, que se ha entregado este lunes por vía telemática a Les Corts Valencianes.
La incorporación al sistema de estos menores extranjeros no acompañados, tanto por su número como por las circunstancias que determinan "el carácter precipitado y colectivo de las entradas, está tensionando el funcionamiento de los recursos residenciales", provocando situaciones como la sobreocupación de los centros de recepción o la distorsión de procesos de evaluación y derivación de casos, señala.
El Síndic de Greuges también constata la existencia de situaciones "poco aconsejables, como la presencia exclusiva de menores extranjeros en algunos centros, lo que viene a postergar su necesaria integración con otros menores de nacionalidad española".
El informe del Síndic de Greuges de 2018 refleja que atendió 12.162 quejas presentadas por la ciudadanía e inició 40 de oficio, mientras que su Oficina de atención ciudadana atendió 10.963 consultas.
Según la memoria, en la Comunitat hay 4.123 niños y adolescentes en situación de guarda o tutela
de la Generalitat, y cuando llegan a la mayoría de edad muchos quedan sin red de apoyo que les acompañe en el proceso de emancipación.
Aunque la Conselleria ha diseñado un plan de apoyo integral dirigido a ellos, el Síndic considera que su desarrollo "continúa siendo insuficiente".
Además, dentro de este colectivo de tutelados por la Generalitat que alcanzan la mayoría de edad, el Síndic señala que merece especial referencia el conjunto compuesto por menores extranjeros no acompañados, para el que el grado de vulnerabilidad se convierte en "extremo".
También alerta de que se sigue incumpliendo el precepto que apremia a no acordar el acogimiento residencial de menores de 3 años, si bien la Conselleria tiene a 42 en acogimiento residencial, y en muchas ocasiones la estancia en los centros supera ampliamente los tres meses previstos como excepcionales en la legislación.
Derechos incumplidos
La memoria pone de relieve que en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de derechos ciudadanos, pero sin acompañarlos de dotación económica para recursos materiales y humanos, lo que lleva a numerosas quejas por los retrasos en la resolución de expedientes administrativos en demanda de prestaciones o ayudas previstas por ley.
De hecho, las demoras en la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda, servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de queja de la ciudadana.
En el ámbito de la salud el motivo más recurrente de las quejas son los retrasos en recibir asistencia sanitaria, tanto en pruebas diagnósticas como en atención. La memoria también contempla los obstáculos para hacer real el derecho a la salud de las personas extranjeras.
Durante el año 2018, las quejas relacionadas con el respeto a los derechos lingüísticos se han incrementado un 50% respecto del ejercicio anterior, pasando de 55 a 83, y en materia de urbanismo han crecido un 638% las quejas tramitadas, hasta superar las 2.000.
Las quejas derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia han aumentado un 45%, de 253 en 2017 a 369 en 2018, en su mayoría referidas a la falta de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública o la patrimonialización de la información por parte de los equipos de gobierno.
