La Policía Nacional ha detenido a un sacerdote de Valladolid por enviar un vídeo sexual a una menor de 13 años a través de las redes sociales, lo que ha llevado arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha apartarlo temporalmente de sus funciones.
La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado a Efe que este sacerdote fue detenido ayer y pasó a disposición judicial tras prestar declaración por los hechos, que ya investiga la Fiscalía de Menores.
Fuentes de la investigación han detallado a Efe que se trata de un sacerdote cuyas iniciales son O.F.L., de unos 40 años, que ya fue investigado por unos hechos similares hace diez años, cuando era párroco de la localidad vallisoletana de Zaratán y contactó con otra menor.
Según ha podido saber ABC fue la familia de la menor quien puso los hechos en conocimiento de la Policía, que actuó de oficio.
El arzobispo de Valladolid, a través de un comunicado, ha condenado lo que denomina como «presunto comportamiento deshonesto» contra esta menor de edad y ha iniciado un proceso de investigación canónica, que estará «supeditado al resultado de las actuaciones de las autoridades civiles».
Blázquez tomó esta decisión el pasado 12 de enero, «en el mismo momento en que fue conocedor del establecimiento de medidas cautelares y de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía».
Ante estos hechos, la Archidiócesis de Valladolid ha expresado que «condena firmemente cualquier tipo de comportamiento que atente contra la integridad física y moral de los menores y de las personas vulnerables».
Además, en el mismo comunicado, la Diócesis ha asegurado que «actúa ante estos indicios de delito de conformidad con la jurisdicción estatal, del modo exigido por el Papa Francisco», en referencia al artículo 19 de su último escrito «Motu Proprio «Vos estis lux mundi».
Tras informar de esta decisión, el Arzobispado ha anunciado que no hará manifestación adicional alguna hasta que concluyan las diligencias judiciales abiertas, para preservar «la intimidad de la posible víctima» y también la presunción de inocencia del presbítero
