Uno de los siete acusados por el asesinato a tiros del alcalde de Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda, el empresario del calzado Salvador García Ros, ha asegurado que la reunión en el club Mesalina, donde se supone que se contrató a los sicarios, «nunca existió». Y ha negado su implicación en el crimen, a las puertas de la Audiencia de Alicante, donde este lunes se ha constituido el jurado popular para el juicio, que arranca este martes.
También ha restado cualquier credibilidad al testigo protegido que puso sobre la pista a los investigadores al revelar que a él también le habían ofrecido previamente encargarse de esta muerte. «Me río del testigo protegido», ha comentado a los medios de comunicación.
Esta prueba fundamental del caso, el relato del portero del club de alterne y exmercenario, puede quedar entredicho de ser ciertas las afirmaciones del industrial, quien ha dicho este lunes que hace 30 años que no habla con Juan Cano, el entonces concejal y supuesto urdidor del plan para matar a su alcalde, a quien sucedió en el cargo. Pero el empresario no tenía relación con él cuando ocurrió el crimen, en 2007 -según afirma- además de estar dispuesto a responder a todas las preguntas del tribunal «con dos cojones» porque está «muy tranquilo».
Ta solo ha reconocido García Ros que el dueño y el gerente del Mesalina son «amigos íntimos» suyos, mientras que ha negado repetidamente que tuviera problemas con la víctima, «nunca», por lo que ha dicho no entender porqué se le vincula con la trama.
Un centenar de testigos
El trámite de constitución del tribunal del jurado ha retrasado un día el arranque formal del juicio, que llega 12 años después y está previsto que se desarrolle en 13 sesiones, por las que pasarán cerca de un centenar de testigos, incluido uno protegido, peritos y agentes de las Fuerzas de Seguridad.
El proceso para la selección de los once ciudadanos (nueve titulares y dos suplentes) que formarán parte del tribunal del juicio con siete acusados ha comenzado este lunes a las 10.15 y se ha prolongado durante más de cinco horas.
El caso ha suscitado interés mediático y hay muchas partes personadas en el juicio: la fiscalía, la acusación particular y siete defensas, que han protagonizado las entrevistas a los candidatos hasta que, pasadas las 15 horas, han dado por constituido el jurado.
Este martes será la lectura de los informes de las partes y el interrogatorio de los primeros acusados, concretamente los tres supuestos autores materiales del crimen.
Ponsoda fue tiroteado en el vehículo que conducía a su llegada a su domicilio, situado en la pedanía de Xirles, y falleció ocho días después en el Hospital General de Alicante a consecuencia de las heridas ocasionadas por uno de los tres disparos recibidos: un impacto de una bala que quedó alojada en la cabeza.
La causa se dirige contra siete acusados, entre los que se encuentra el exconcejal de Urbanismo y sucesor de Ponsoda en la Alcaldía de Polop, el también popular Juan Cano.
La Fiscalía considera inicialmente a Cano como el presunto cabecilla de la trama que urdió el crimen, con el fin de tomar el control de las decisiones urbanísticas del municipio. En el sumario se alude a la «animadversión» de Cano por Ponsoda, quien tampoco salió en su defensa dentro del Partido Popular cuando pretendía cobrar comisiones ilegales, según las tesis de las acusaciones.
Junto a Cano, se sientan en el banquillo de los acusados el empresario local antes citado; el propietario del club de alterne Mesalina en el que se cree que se planificó el asesinato, Pedro H., el gerente de ese prostíbulo, Ariel G.; y los tres presuntos sicarios a los que, supuestamente, se contrató a cambio de 50.000 euros: Raúl M., Robert F y Radim R.
El ministerio público solicita penas de 25 años de cárcel para cada uno de ellos como autores de un delito de asesinato, a los que suma otros dos años de prisión adicional para los tres supuestos autores materiales de los disparos por un delito de tenencia ilícita de armas.
Uno de los testimonios principales del proceso es el del testigo protegido que declaró ante la Guardia Civil que había recibido una primera oferta de Cano, Salvador G., Pedro H. y Ariel G. para acabar con la vida de Ponsoda a cambio de 35.000 euros.
