Las trabas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la sala de ocio Carola Morena han forzado a sus dueños a encargar un informe jurídico para comprobar si existen «indicios de criminalidad» por parte del Consistorio complutense.
Tras meses de silencio, el equipo municipal del PSOE negó a los promotores del macroespacio, en la zona de La Garena, la licencia de actividad para que funcione hasta las 5.30 horas de la madrugada. Entonces, los dueños se vieron obligados a cambiar la sede social de la empresa a la ciudad de Madrid.
En su momento, el Ayuntamiento socialista, liderado por Francisco Javier Rodríguez, sí les otorgó la licencia de obras, por lo que la empresa invertió ocho millones de euros en reformar un espacio de eventos y convertirlo en la sala Carola Morena. Después, el Consistorio modificó el Plan Parcial de La Garena, cambiando los usos en la zona. El Ayuntamiento «ha cambiado las reglas arbitrariamente para que no podamos desarrollar nuestra actividad empresarial», critican los promotores perjudicados.
Las obras iban tan avanzadas que estaba previsto que la sala abriera al público el pasado mes de diciembre, pero tuvieron que paralizarlas tras la negativa del Consistorio para otorgar la licencia de actividad. Además, se han visto abocados a suspender un proceso de selección de personal para contratar a 250 personas, al que se presentaron más de 2.500 aspirantes del municipio, según fuentes de la empresa.
El espacio se sitúa en La Garena, donde existen restaurantes, bares de copas y una macrodiscoteca. No obstante, el Ayuntamiento ha denegado la licencia en la misma zona donde lo hacen otros locales de ocio desde hace años y a escasas manzanas de la residencia del propio alcalde. De hecho, el mismo edificio donde tenía previsto instalarse Carola Morena, un local de bodas y banquetes, llevaba funcionando desde hace una década de manera normal.
Sin licencia durante un año
El nuevo Plan Parcial de La Garena supone además la suspensión de licencias durante un año, así que no se puede desarrollar actividad alguna en el espacio, ni siquiera de hostelería. Por ello, los promotores califican estos hechos como una manifiesta «inseguridad jurídica generada por su alcalde», por lo que anunciaron estar dispuestos a tomar las medidas necesarias para denunciar el «bloqueo a la actividad empresarial» en el municipio.
Así, de momento, al margen de trasladar su domicilio social a Madrid, han encargado un informe jurídico para determinar si existe por parte del Ayuntamiento una posible lesión de derechos, al «limitar la actividad de un empresario en particular».
Mientras, el proyecto sigue paralizado. Y eso que, tras hablar con la asociación de vecinos, los promotores habían diseñado medidas de insonorización y evacuación en todas las plantas. El espacio contaba además con varios restaurantes, 77 plazas de garaje en sus sótanos, al margen del parking privado que existe justo enfrente, así como más de 600 plazas de garaje a menos de 150 metros, para garantizar el orden de movilidad en la zona.
