La negociación de la investidura de Pedro Sánchez se frenó en seco el día en que el Tribunal de Luxemburgo falló a favor de la inmunidad de Junqueras, quitó la razón al Supremo y determinó que el líder de ERC debió adquirir la condición de eurodiputado tan pronto como se publicaron los resultados de las elecciones. Desde entonces, el inicio de la legislatura está en un limbo. Los republicanos, que tenían casi cerrado el acuerdo con el PSOE –se había llegado a pactar una mesa para ir más allá de la relación entre instituciones que consagra el Estatut y hasta estaban encarrilados los primeros presupuestos de Pedro Sánchez en un gobierno con mayoría–, exigieron un posicionamiento de la Abogacía del Estado a favor de su líder, que sigue cumpliendo condena (9 años por sedición) en la cárcel de Lledoners. El gesto no es imposible porque el cuerpo de letrados de la Administración ya se había posicionado este verano a favor de que Junqueras pudiera recoger el acta, a diferencia de lo que mantuvo la Fiscalía.
Pero una semana después, el escrito de la Abogacía del Estado con sus alegaciones ante el Supremo no acaba de registrarse, el Gobierno ya ha visto frustrado su plan inicial de que Sánchez fuera presidente antes de final de año y ahora se encomienda a la próxima fecha posible: el 5 de enero. El plan sigue siendo buscar una mayoría en segunda votación –donde solo precisa obtener más síes que noes– y que sea la abstención de ERC la que logre decantarla.
Matemáticamente sigue siendo posible, pero deben darse unos cuantos factores. Si se cumple lo previsto y el próximo lunes 30 la Abogacía del Estado registra el escrito ante el Supremo y ese mismo lunes el Consell Nacional de ERC aprueba el pacto con Sánchez, al día siguiente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet podría convocar la sesión de investidura para el jueves 2. Sánchez podría desgranar su programa de Gobierno en ese debate y la primera votación se celebraría el 3, previsiblemente con una derrota del candidato socialista, que se quedaría lejos de la mayoría. 48 horas más tarde podría volver a intentarlo, esta vez con el único requisito de obtener más síes que noes. Es ahí donde el PSOE confía, según las fuentes consultadas, en articular una mayoría junto a Unidas Podemos, PNV, Más País, Teruel Existe, el BNG, el Partido Regionalista Cántabro y los nacionalistas canarios.
Aunque los plazos serían muy apurados y la idea de investir presidente a Sánchez el día en que todo el país estará de cabalgatas no satisface a todos –la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este jueves en una entrevista en la SER que no entiende las prisas–, en el PSOE no han descartado este escenario, según las fuentes consultadas por eldiario.es.
A día de hoy no hay plan B. El último dirigente del PP que ha alentado la abstención a cambio de una serie de pactos con Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ha tirado la toalla y se resigna a un acuerdo de los socialistas con ERC. Pablo Casado, quien también ha asumido que su papel está en la oposición, se mantiene firme y este jueves ha pedido que no se use a la Abogacía del Estado en la negociación.
El Gobierno había dado por hecho que el escrito al Supremo estaría listo el pasado lunes y ahora retrasa ese plazo una semana. Pero nadie se atreve a poner una fecha en el calendario porque en última instancia depende de ERC. Y los republicanos ya han advertido de que no harán ningún movimiento hasta que vean las alegaciones de la Abogacía del Estado ante el Supremo. Solución: la próxima semana.
