Si bien no son fáciles los consensos en torno a los nombres que integran la terna, la Corte cuenta con una baraja de profesionales que a pesar de los reparos por no ser especializados en derecho penal, demuestran su profesionalismo en los cargos desempeñados y el conocimiento que tienen de la Fiscalía, expuesto en la entrevista ante los magistrados de la Corporación.
En el caso de Camilo Gómez Alzate su hoja de vida en el sector público no es muy amplia. Ha sido litigante en la mayoría del tiempo de ejercicio como abogado y trabajó con el Estado en la superintendencia de sociedades, comisionado de paz del expresidente Andrés Pastrana y actualmente está al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Clara María González está ligada a la academia, al ser docente de diferentes universidades en temas de derecho laboral, civil y administrativo, materia en la que tiene una maestría. A pesar de su desempeño profesional en el campo académico, también está ligada al sector político. Ocupó el cargo de asesora del Congreso de la República, Registradora Nacional del Estado Civil y actualmente es la secretaria jurídica de la Presidencia de la República.
El más capacitado es Francisco Barbosa Delgado, consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales, quien también es un académico dedicado a la docencia en varias universidades, al ejercicio del derecho y en su haber se suma la publicación de libros de diversas especialidades jurídicas. Ya tiene experiencia en el ente acusador, fue fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de asesor jurídico en entidades públicas del nivel ejecutivo, legislativo y judicial, y en los órganos de control.
Como investigador abordó temas relacionados con el derecho penal internacional, justicia transicional, derechos fundamentales, historia constitucional y contratación pública, entre otros. Un hombre versado que de seguro podrá realizar los cambios estructurales que la Fiscalía requiere para aportar en la solución de los problemas que aquejan al sistema penal.
La Corte Suprema de Justicia tiene de dónde escoger al sucesor de Fabio Espitia Garzón, quien completa siete meses de interinidad en la Fiscalía General de la Nación, luego de la repentina renuncia de Néstor Humberto Martínez a la cabeza de la entidad.
La discusión para esa elección continuará a partir del 13 de enero de 2020, día en que termina la vacancia judicial. Tal vez la primera tarea de la Corte Suprema en el nuevo año es la elección de los magistrados que faltan para completar la Sala Plena, integrada por 23 togados, elección que también debe hacerse por mayoría calificada. Como ha sucedido en otras ocasiones, de seguro la Corte estará a la altura de este reto, por el bien de la institucionalidad colombiana.
