Nueva vuelta de tuerca del Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas. Los 5.500 millones de las entregas a cuenta, desbloqueados hace tres meses por el Ejecutivo en funciones, no van a llegar a todas las regiones antes de final de año, tal y cómo prometió el Ministerio de Hacienda.
Tras semanas de polémica entre el Gobierno, las autonomías y la oposición, el departamento que dirige María Jesús Montero anunció en octubre que había encontrado la vía legal para poder realizar estos pagos, aún con los Presupuestos prorrogados desde el año 2018 y estando en funciones.
Estos eran precisamente los argumentos por los que la asesoría jurídica del Gobierno le había impedido hasta unas semanas antes desbloquear las entregas a cuenta.
Pese a ello, el Consejo de Ministros aprobó finalmente el traspaso a las comunidades de los 4.682 millones de euros que les adeuda de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. También autorizó liberar estos mismos fondos para las entidades locales, 821 millones. En total, 5.503 millones.
Pues bien. Según confirman a Confidencial Digital altos cargos de diferentes gobiernos autonómicos y municipales, el cambio de criterio protagonizado por Hacienda, que pasó de defender con un informe de la Abogacía del Estado que un Gobierno en funciones no podía pagar a las autonomías a asegurar lo contrario, está provocando “mucha burocracia” para justificar el viraje.
Explican que “una cosa fue firmar el decreto antes de las elecciones del 10 de noviembre –el PP calificó la decisión de “electoralista”-, y otra recibir el dinero”.
Así las cosas, las fuentes consultadas por ECD afirman que hace ya una semana, desde el Ministerio de Hacienda han comenzado a advertir de la “imposibilidad” de poder repartir esos 5.500 millones a todas las comunidades antes de finales de año. Por dos razones fundamentales: el procedimiento a llevar a cabo y la falta de liquidez.
Lo sorprendente es que el Gobierno daba por hecho, y así lo transmitió a los consejeros de Hacienda en octubre, que podría pagar antes del 15 de diciembre. “En ningún momento se llegó a hablar de 2020”, protestan desde varios ejecutivos autonómicos.
Hay que recordar que ese dinero se destina a políticas educativas, sanitarias y sociales, así como al pago de las facturas de los proveedores, como por ejemplo a las farmacias. Por lo que si las autonomías tardan en cobrar, sus cuentas se desequilibrarán, incluso incurriendo en déficit en algún caso.
Por eso, la mayoría de las comunidades han comenzado a organizar un frente común con la exigencia de que se liberen ya los fondos, antes de que finalice 2019. Una reclamación a la que, a día de hoy, Hacienda no tiene intención de acceder mientras no haya Gobierno y unos nuevos Presupuestos.
Por si esto fuera poco, las comunidades autónomas siguen sin cobrar el IVA que les adeuda la Administración Central, por la liquidación de finales de 2017.
Los 2.496 millones de euros adeudados a las 17 autonomías se deben al desfase del IVA que se generó en diciembre de 2017 tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII).
Los gobiernos regionales reclaman que se liberen también estos fondos de inmediato, aunque sea a través de un préstamo no remunerado, que luego se cancelaría.
Sin embargo, fuentes de Hacienda confirman a ECD que el Gobierno en funciones no está valorando tampoco ninguna fórmula para abonar esa cantidad. Se trata de una mensualidad del IVA que quedó pendiente de transferir cuando, todavía con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio, se implantó un cambio en el sistema de pagos que dejó en el aire el traspaso de los fondos recaudados en diciembre de 2017.
