Tras el escrito que la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó de forma sorpresiva en el Tribunal Supremo el día de Nochebuena pidiendo la inmediata liberación del líder de ERC tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, todas las miradas siguen puestas en la respuesta de la Abogacía del Estado. Como adelantó ABC, los servicios jurídicos del Estado están ultimando un escrito en el que avalarán al menos el permiso de Junqueras para que pueda formalizar su condición de eurodiputado tras sentenciar Luxemburgo que el condenado a 13 años de cárcel disfrutaba de inmunidad desde el momento en que fue proclamado diputado electo tras las europeas del 26 de mayo.
Aunque este escrito se esperaba para el 23 de diciembre —con la vista puesta con en una investidura «exprés»—, lo cierto es que la búsqueda de fórmulas que permitan a ERC ser receptiva ante el «gesto» que ha pedido al Gobierno en funciones como contrapartida a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez está retrasando la respuesta. No obstante, la Abogacía del Estado tiene de plazo hasta el 3 de enero para contestar al tribunal del «procés», que no se verá vinculado por este informe.
Quien sí respondió apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo le diera traslado fue la Fiscalía. Lo hizo para asegurar que la sentencia del TJUE no afecta a Junqueras al no encontrarse ya en prisión preventiva, sino condenado en firme a una pena que le impide ejercer como eurodiputado.
