Además del raspón a López Obrador y el deshilacharse de una de las principales banderas de la 4T, la exoneración de Manuel Bartlett de cualquier posible acto de corrupción es un golpe seco en el ánimo de quienes creemos que sí se puede y se debe combatir el enriquecimiento ilícito de la clase política.
Su costo para el país es enorme tanto por las cantidades que desvía la corrupción, como el tiempo y esfuerzo que dedican a hacerlo.
Manuel Bartlett (que ha ocupado los más altos cargos sirviendo a distintos partidos políticos) es el jefe de un clan donde su mujer, que no es su mujer, pero sí es su mujer, es una exitosa mujer de negocios que precisamente empezó a brillar con éxito a raíz de su relación, no relación, con el político poblano. Sus hijos dirigen y participan en empresas boyantes que también han tenido varios negocios con dependencias gubernamentales, y los siguen teniendo.
El clan Bartlett ha podido adquirir una serie de importantes propiedades.
Pero nada aparece a nombre de Bartlett ni lo compromete. Nada.
Se mueve como pato, parece pato, hace como pato, pero como no tiene un documento que certifique que es un pato, pues entonces resulta que no es un pato.
El Presidente López Obrador pedía presentar pruebas de la eventual corrupción del señor Bartlett.
Pues no, no las hay.
No existe un recibo que rece: “Yo Manuel Bartlett recibo 50 millones de pesos por concepto de corrupción”, ni existen contratos en que se estipule: “Del monto total favor de destinar el 10 por ciento para el señor Bartlett por concepto de moche o comisión”.
No hay pruebas.
Desde nuestros tiempos de la Facultad de Economía, cuando pretendíamos hacer una medición puntual del costo que para el país tiene la corrupción, encontramos el enorme problema de que no hay constancias de cuánto dinero se desvía, y cómo se hace. Cada día son más sofisticados e inteligentes los mecanismos que utilizan los gobernantes corruptos para desviar el dinero.
Nos decía el Maestro Alejandro Álvarez: “Son corruptos… no son pend…”.
Entendemos el combate a la corrupción como una tarea, muy complicada eso sí, que obliga a partir de una sospecha de enriquecimiento ilícito (¡El pato!) echar andar los mecanismos de investigación creados para ello como las Fiscalías Anti Corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
Pero aquí no fue así.
Al exonerar la Secretaría de la Función Pública a Manuel Bartlett, la investigación ya no escaló a ninguna de las otras instancias. Ya no hubo investigación.
Quedó claro que si queremos combatir la corrupción, la tarea será mucho más complicada de lo que parece, y que con las autoridades se cuenta sólo para exhibir y denunciar casos de sus enemigos, pero nunca de gentes afines.
Sin embargo, es una batalla que nos merecemos, y hay que darla.
