La oportunidad de dar carpetazo al caso de Bartlett con el cierre de año parece tan estratégica como las reacciones a las críticas, ambas sostenidas en falacias y con un manejo estereotipado del perfil de los ciudadanos que quizá les dé resultados. Primero apostaron a la distracción de la temporada navideña y después reaccionaron con acusaciones de misoginia contra quienes hicieron críticas sobre el informe de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
Aunque el discurso de la 4T durante este primer año de gobierno ha sido la cero tolerancia a la corrupción, la conclusión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a pesar de que no había manera de negar la cantidad de propiedades y el conflicto de interés, se avientan el tiro de dar una explicación enredada sin declararlo culpable. Echando mano de la legislación civil, declararon la inexistencia de una relación matrimonial o de concubinato, y aseguraron que los hijos no dependen económicamente de su padre. Puede estar probado que no hay relación legal entre Bartlett y su pareja, nadie ha dicho que la SFP se lo inventó, pero como dice uno de los principios generales del derecho: “no todo lo que es lícito, es honesto”; y la deshonestidad va de la mano con la corrupción. Bartlett decidió mentir sobre su relación de concubinato, más que conocida con la señora Julia Abdala y la SFP decidió suscribir dicha falsedad.
Una de las partes más importantes del informe técnico publicado por la SFP, indica que solo se le comprobaron cinco inmuebles (declarados) a Bartlett, uno de ellos en la colonia Condesa y otro en la colonia Nápoles, sin embargo se asegura que el total del valor de los cinco inmuebles es de 8 millones de pesos; suponiendo que los cinco inmuebles cuesten lo mismo –lo cual es imposible por las zonas en que se encuentran– cada uno tendría un valor de un millón 600 mil pesos: cuesta trabajo creerlo.
El informe también confirma la existencia de los inmuebles denunciados e incluso dos adicionales, pero que no se comprobó que Bartlett funja como propietario y entonces no tiene responsabilidad. El supuesto jurídico del enriquecimiento oculto implica también el “uso y disfrute de bienes” que no sean explicables; la SFP, sin mayor argumento, decidió asegurar que Bartlett no es el dueño.
Tras el informe vinieron las críticas a la titular de la dependencia. En redes sociales comenzaron a llover mensajes que reprobaban la determinación sobre el caso Bartlett, la mayoría objetivos con suficientes argumentos y otros vagos que caían en el insulto.
Quienes defendieron a la secretaria se fueron al extremo al generalizar la crítica calificándola de misógina y proveniente del machismo. Basta revisar la crítica para comprobar que hay cuentas en redes sociales, tanto de mujeres como de hombres que respetuosamente cuestionaron el informe. Ser funcionario de alto nivel implica estar dispuesto a argumentar a fondo y a rendir cuentas, sobre todo en espacios que velan por la honestidad del servicio público. Caricaturizar la crítica aludiendo a que la secretaria fue atacada por ser mujer, mas no por su falta de argumentos sólidos, no abona ni a la lucha anticorrupción ni al feminismo.
@maiteazuela
