Las comunidades deberán consignarlos como déficit. Hacienda se escuda en que esta cantidad sólo puede pagarse cuando haya unos Presupuestos aprobados
Agosto de 2018. Hacienda anuncia que adelantará a las autonomías 2.500 millones de su participación en el IVA, incluidos en los Presupuestos de 2019, con los que pretendía rebajar la tensión en su Tesorería causada por el modelo de gestión del impuesto para grandes empresas implantado en 2017 por Cristóbal Montoro, cuando era ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Diciembre de 2019. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez mantiene los presupuestos prorrogados de Montoro y su interinidad le impide aprobar medidas económicas de calado. Un año y cuatro meses después de anunciar que se realizaría el ingreso en las cuentas autonómicas de esos 2.500 millones de la liquidación del IVA de 2017, esta trasferencia sigue pendiente de abono y sin fecha conocida para realizarse.
Cambios en el SII
El cambio en la gestión del IVA realizado por Montoro con el Suministro Inmediato de Información (SII) amplió el plazo de ingreso del impuesto, con lo que la liquidación de 2017 fue solo de once meses –diciembre computó ya en 2018 y es lo que debería haberse abonado en 2019 y no se ha hecho–. En previsión de problemas de caja, Hacienda decidió que se pagaría en un préstamo sin intereses. Pero, llegados a la última semana de este ejercicio, el Gobierno de Sánchez ha decidido –apelando a su interinidad– que estos 2.500 millones seguirán pendientes de cobro «sine die» y las autonomías tendrán que consignar en sus cuentas esta cantidad como déficit. Es decir, que a los 4.428 millones de euros reconocidos por Hacienda en el déficit autonómico habría que sumar 2.500 millones más de la liquidación del IVA que el Estado no transferirá este año y que la mayoría de autonomías ya incluyó en sus contabilidades.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció aquel verano de 2018 que su departamento trabajaba en un cambio puntual del SII, para que la participación de las comunidades en la recaudación anual de este impuesto –del 58%– tenga en cuenta los doce meses de cada ejercicio y quede solucionado el desfase contable. Este desfase ya se ha solucionado, pero no así el pago, que sigue pendiente, con lo que la ministra de Hacienda incumplirá la promesa hecha de devolver a las regiones un dinero que les pertenece por derecho. El Ministerio se escuda en que esta partida se incluyó en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, pero como estos fueron rechazados, el pago no ha podido hacerse. De este modo, avisan de que hasta que no haya un Gobierno estable esta deuda no podrá ser satisfecha. Ya lo advirtió Montero el pasado mes de octubre, cuando dijo que todo dependía de que hubiera «un Gobierno investido y unos Presupuestos».
Denuncias judiciales
Hacienda circunscribe este problema exclusivamente a la liquidación pendiente de 2017, ya que el cambio normativo producido en el SII –que contabilizará los ingresos en doce meses contables– evitará que en 2020 surja de nuevo un problema con la liquidación del IVA. Son varias las comunidades autónomas –principalmente las que no están gobernadas por ejecutivos socialistas– las que han decidido pasar a la acción porque entienden que todo es una excusa y que la verdadera pretensión del Ejecutivo es quedarse este dinero. Cataluña fue la primera en dar el paso. Lo hizo en verano. La segunda ha sido Madrid, y los servicios económicos y jurídicos de Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía ya están estudiándolo.
