Los resquemores políticos entre ERC y JxCat, el temor a un sablazo fiscal masivo una vez se aprueben los nuevos presupuestos –prácticamente pactados entre el Govern y los comunes–, y el distanciamiento cada vez más evidente del gran empresariado catalán –que empieza a marcar una clara distancia con el independentismo– mantienen los aires revueltos en Cataluña. Y la batería de medidas fiscales introducidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2020 ha sido la gota que ha llevado al borde el vaso de la paciencia empresarial.
La patronal catalana Fomento del Trabajo ha vuelto a mostrar su malestar con el Gobierno regional por unos cambios tributarios que considera «abusivos y confiscatorios», además de expresar su «gran preocupación» por unos incrementos impositivos que «perjudican una fiscalidad competitiva ante el resto de las comunidades autónomas». Y es que la patronal alerta de que la fiscalidad de los catalanes es entre un 10% y un 20% superior a la del resto de los ciudadanos del Estado. «No podemos asumir que se agrave aún más una política fiscal que perjudica a empresas, familias y ciudadanos», expresó Foment, que presentará en las próximas semanas a todos los grupos regionales con representación parlamentaria (ERC, Juntos por Cataluña, Comunes, PP y Ciutadans), exceptuando a la CUP, todos los planteamientos para un plan alternativo que servirá para enmendar «las propuestas que gravan aún con más tributos a los ciudadanos y a los empresarios de Cataluña».
Contra la economía sumergida
La patronal critica la poca altura de miras demostrada por la clase política, que únicamente ve en la subida de impuestos una solución para incrementar los ingresos. En concreto, reprochan que el Ejecutivo catalán se conforme con ingresar los 543 millones de euros más al año previstos con estos nuevos incrementos fiscales –aunque lo que se recaudará no superará los 200 millones, ya que no entrarán en vigor hasta bien entrado 2020–, cuando un plan de choque para reducir la economía sumergida elevaría en diez puntos el PIB nacional, lo que se traduciría en más 100.000 millones de euros extra en cuatro años en España, con su parte correspondiente para Cataluña.
Entre las medidas fiscales más criticadas por los empresarios se encuentran la subida del IRPF a las rentas superiores a 90.000 euros, –que pasarán a pagar un IRPF del 23,5%, dos puntos más que ahora– y para quienes cobran más de 120.000 euros –del 23,5% al 24,5%–; la reducción de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones; el incremento de los impuestos de Transmisiones y sobre las viviendas vacías; y la instauración de una nueva tasa ecológica sobre las instalaciones eléctricas.
