La actual composición del Congreso de los Diputados, con la mayor fragmentación de la historia de la democracia, abre un escenario incierto ante la renovación de órganos o instituciones que requieren amplios consensos parlamentarios, como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones desde diciembre del pasado año.
Pero si alguno destaca sobre los demás, por su papel vertebrador del Estado, es el Tribunal Constitucional, el único que puede controlar eventuales concesiones o extralimitaciones del Ejecutivo o el legislativo a los independentistas, que, a día de hoy, se perfilan como los socios más probables del Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que la próxima renovación del órgano de garantías sea una cuestión vital para el control de constitucionalidad ante reformas, leyes o decisiones que puedan desbordar competencias autonómicas.
En un Tribunal Constitucional que cuenta en estos momentos con siete magistrados de perfil conservador frente a cinco progresistas, la alteración de esta mayorías podría afectar de lleno a aspectos tan cruciales como el concepto de Nación o al propio Estado de las autonomías con la revisión de estatutos como el del País Vasco, que tiene muchas posibilidades de recalar en el TC. Sobre la mesa del tribunal están en este momento las impugnaciones a resoluciones del Parlament de Cataluña por vulnerar sentencias del propio Tribunal, los recursos de amparo de los líderes del «procés» contra las prisiones preventivas que dictó en su día el juez Llarena y están a punto de aterrizar los recursos contra la sentencia del Supremo que condenó a los miembros del gobierno de Puigdemont por sedición.
El pasado 7 de noviembre venció el mandato de los cuatro magistrados nombrados por el Senado, lo que implica la salida de un tercio del tribunal: el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Por una reforma legal de 2010, los cuatro (dos conservadores y dos progresistas) abandonarán el órgano sin haber cumplido los nueve años previstos en la Carta Magna, que establece la renovación del tribunal por tercios (cuatro magistrados) y cada tres años. Al requerir los nombramientos la mayoría de tres quintos de la Cámara (210 votos de los 350), PSOE y PP parecen condenados a entenderse, una tarea que si ya era difícil en la anterior legislatura, en esta, a priori, parece imposible. Sólo la predisposición del líder del PP, Pablo Casado, a tender la mano al presidente del Gobierno en grandes pactos de Estado, parece abrir al menos una posibilidad al cumplimiento del mandato constitucional. Pero siempre y cuando haya la certeza inequívoca de que el TC seguirá siendo una pieza clave para el control de constitucionalidad del Gobierno y de sus socios. Y eso solo se puede conseguir si se sigue manteniendo un equilibrio de fuerzas que desde 2015 ha llevado al tribunal a tomar las decisiones respecto al desafío independentista por unanimidad. Tan solo en los últimos tiempos la unidad del tribunal se ha roto con el recurso de Junqueras sobre su prisión preventiva y una semana antes con la reforma del código civil catalán que partió al tribunal en dos con la acusación, por parte de cinco de sus magistrados, de que se estaba contradiciendo la propia doctrina del TC al permitir legislar a Cataluña sobre asuntos hasta ahora reservados al Estado.
En consonancia con la forma de proceder durante las veinte renovaciones que se han llevado a cabo en el tribunal desde que inició su andadura, el primer escenario que se contempla sería un acuerdo PSOE-PP que sume 209 votos, uno menos de los necesarios para sacar adelante la renovación. Ese voto que falta podría venir de Navarra Suma o de Ciudadanos. De los cuatro magistrados a renovar, si dos son propuestos por el PSOE y dos por el PP, la relación de fuerzas se mantendría igual que ahora, es decir, siete a cinco, por lo que la mayoría seguiría siendo conservadora.
Sin embargo, esta proporción se puede alterar sustancialmente si lo que propone el PSOE es quedarse con dos puestos, darle uno al PP y «vender» el cuarto candidato como de consenso, un perfil independendiente pero progresista que contente a los socios de gobierno de Sánchez. Este segundo escenario supondría un equilibrio de fuerzas seis-seis en el Tribunal, lo que requeriría el voto de calidad del presidente en casos de empate. El actual, González Rivas, que hasta ahora ha conseguido priorizar la productividad del tribunal por encima de diferencias personales e ideológicas, es precisamente uno de los magistrados salientes, con lo que su plaza es otro de los melones que habrá que abrir.
Pero cabría un tercer escenario, y es aquel en el que el PP se negara a emprender la renovación del Tribunal sin comprobar antes la marcha del futuro gobierno de España –en el que a día de hoy la entrada de Podemos se da por segura– y sus posibles guiños a los secesionistas. Poco podrían hacer en este caso los socialistas en el Congreso, pues aunque todo el hemiciclo se uniera en su empeño de sacar adelante esta renovación, la oposición de PP y Vox en bloque, con sus 141 diputados, dejaría al otro bloque en 209, otra vez a un escaño de esa mayoría de tres quintos que exige la Constitución.
La incertidumbre que puede suponer una composición distinta en un tribunal que si por algo se ha caracterizado en los últimos años es por haber frenado con la autoridad que le otorga la Constitución cualquier intento de secesión contrario a la Carta Magna, puede llevar así a la formación de Casado a dejar las cosas como están a la espera de cómo evolucione el Gobierno de Pedro Sánchez. No sería en todo caso un retraso significativo, pues en realidad los cuatro magistrados salientes no han cumplido los nueve años de mandato constitucional (lo harían en 2021) aunque sí el mandato legal que deriva de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que PSOE y PP pactaron en 2010. Esa disposición señala que «si hubiera retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato (de nueve años) el tiempo de retraso en la renovación».
El detonante de esa reforma eran los tres años que los mismos que la acometían habían tardado en renovar el tercio correspondiente al Senado. Se apelaba al mandato constitucional para que no volvieran a coincidir dos de las cuatro renovaciones (en este las correspondientes al Congreso y al Senado) pero implicítamente se reformaba la propia Constitución en lo que se refiere a la duración del mandato. A día de hoy dentro del propio TC hay dudas de la constitucionalidad de esa reforma, pero ninguno de los magistrados ha instado a su revisión por parte del propio tribunal.
