El Impuesto de Patrimonio seguirá un año más en el sistema tributario español y el Gobierno lo prorrogará para 2020. Así lo apuntan a ABC fuentes conocedoras de la decisión, que recuerdan que el año pasado el Ejecutivo aprovechó el último Consejo de Ministros de 2018 para hacer lo propio dentro de un real decreto-ley de medidas tributarias. La diferencia es que en esta ocasión el Gobierno sigue en funciones, pero estas fuentes apuntan que el gravamen se prorrogará «de una forma u otra» y seguirá vigente en 2020. Con el próximo año, el gravamen sumará diez ejercicios consecutivos: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo recuperó con carácter temporal en plena crisis en 2011 y desde entonces, año a año, tanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez ahora lo han seguido prorrogando.
Más allá de su peso recaudatorio, que apenas llega al 0,1% del PIB, el impuesto encarna una fuerte polémica por su carga ideológica. España es el único país de la Unión Europea que lo sigue aplicando como tal. Francia dejó de hacerlo en 2018, cuando el Gobierno de Emmanuel Macron optó por cambiarlo por otro gravamen dirigido exclusivamente a los grandes patrimonios inmobiliarios. Sin embargo, las manifestaciones de los «chalecos amarillos» han provocado que el Ejecutivo galo haya anunciado que revisará la eficacia de este nuevo gravamen en 2020. Los «chalecos amarillos» pedían restaurar en Francia el antiguo «Impôt de Solidarité sur la Fortune» equivalente al impuesto de Patrimonio español, por lo que su vuelta está abierta.
Grandes diferencias entre regiones
Este pulso entre defensores y críticos del impuesto también lo han mantenido en España las distintas comunidades autónomas. El Impuesto de Patrimonio es un tributo cuya recaudación está cedida a las regiones y que el año pasado recabó 1.130 millones de euros con amplias diferencias, ya que Madrid lo bonifica al 100% – e ingresó apenas tres millones–, frente a otras regiones como Cataluña o Baleares que recaudaron el año pasado un 0,2% de su PIB. Junto a Sucesiones es el gravamen que traza diferencias más amplias entre comunidades. Por ejemplo, los asesores fiscales del Reaf recuerdan que un contribuyente con 800.000 euros de patrimonio, excluyendo 300.000 de vivienda habitual, debería pagar cada año 1.164 euros en Aragón, 1.099 en Extremadura o 769,5 en Cataluña frente a los 50 euros de La Rioja o los 0 en Madrid en el mismo caso.
Podemos pactó con el PSOE introducir para 2019 un recargo del 1% sobre el impuesto para las fortunas que superaran los diez millones de euros, si bien tanto desde la Autoridad Fiscal como en Hacienda reconocen la escasa potencia recaudatoria de esta medida, ya que las comunidades pueden bonificar el gravamen. La propuesta fue tumbada por el Congreso de los Diputados, junto al proyecto de Presupuestos de 2019.
Reforma de la financiación
Ahora, de cara al futuro, Hacienda quiere elevar la tributación de las grandes fortunas utilizando la reforma de la financiación autonómica para ello. El Ministerio que dirige María Jesús Montero quiere armonizar las diferencias en Sucesiones y Patrimonio para marcar un «suelo» de imposición más elevado en comunidades como Madrid, a la que la ministra María Jesús Montero ha acusado en alguna ocasión de «dumping fiscal».
La armonización tributaria lleva años sobre la mesa. El grupo de expertos para la reforma de la financiación autonómica la propuso en 2017 para Sucesiones y Patrimonio, con horquillas de tipos, pero evitando pedir fijar un «suelo» de tributación en Patrimonio, lo que permitiría a Madrid seguir bonificando al 100% el impuesto. El propio Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro y después María Jesús Montero también hizo suya la propuesta de armonizar, aunque de forma más tímida, ya que hablaba de hacerlo con las bases del tributo, una fórmula parecida a la que también defendió la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal en 2014. Este grupo de sabios también propuso sustituir el Impuesto de Patrimonio por otro dirigido a gravar exclusivamente las propiedades inmobiliarias, como ha hecho Francia.
Defensores y detractores
Curiosamente, en un momento en el que la mayor parte de los países han decidido suprimir este tipo de impuesto, desde el plano teórico autores como el economista francés Thomas Piketty han reavivado el debate sobre la imposición patrimonial para reducir la desigualdad. La OCDEha evitado recomendar este tipo de tributos aunque sí ha optado por sugerir mantener tributos sobre las herencias. Por su parte, el FMI aseveró en 2013 que si los quince países de la Eurozona establecían un Impuesto de Patrimonio con un tipo a la riqueza del 10% podrían reducir su deuda pública a los niveles de 2007.
El Bundesbank incluso llegó a señalar en 2014 que cualquier reestructuración de deuda en países como España debería exigir un impuesto a la riqueza como precondición obligatoria. Aunque ahora parezca una entelequia, la opinión en 1999 del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, no distaba tanto de la de Podemos: entonces Trump propuso un impuesto a las grandes fortunas con un tipo del 14,25% para recaudar 5,7 billones de dólares y acabar así con la deuda pública estadounidense.
Los detractores del tributo recuerdan que estos impuestos contribuyen a la deslocalización de grandes patrimonios, en un mundo cada vez más globalizado. Los propios expertos de la financiación autonómica denunciaban las «distorsiones que el impuesto provoca sobre el ahorro y la inversión, con sus consecuentes costes de eficiencia, su carácter potencialmente confiscatorio debido al gravamen repetido de una misma base y su limitado poder redistributivo».
Temporalidad permanente
Pese a la polémica, España conserva el tributo con un carácter temporal perenne. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país: el Impuesto de Patrimonio ya nació en 1977 con carácter transitorio, un régimen en el que estuvo catorce años hasta 1991, cuando Hacienda ya lo hizo fijo.
En un momento en el que Hacienda quiere incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas, ¿cómo está situado nuestro país frente a los países de nuestro entorno? Según cifras de Eurostat de 2017, España está entre los cinco países que más gravan la riqueza de la Unión Europea. Nuestro país recauda un 2,7% del PIB con gravámenes sobre la propiedad, una décima más que la media continental y tres por encima de la Eurozona. Solo superan a España dentro de la UE como países con mayor presión fiscal sobre la riqueza Grecia (3,2%), Bélgica (3,6%), Reino Unido (4,3%) y Francia (4,9%).
Eso sí, el Impuesto de Patrimonio apenas contribuye a estos ingresos: es el Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) el que más aporta. De cada diez euros que recauda Hacienda con impuestos a la riqueza, cuatro proceden del IBI. Sucesiones aporta un 8% de los ingresos de estos tributos, mismo porcentaje que la plusvalía local. El Impuesto de Patrimonio solo contribuye con un 4% de la recaudación. Pese a estos datos, el Impuesto de Patrimonio seguirá un año más, a la espera de que se produzca, por fin, la postergada reforma de la financiación autonómica.
