Los impuestos sobre el patrimonio se hallan prácticamente extintos en todo el mundo desarrollado. Dentro de la Unión Europea, solo España lo mantiene en vigor; fuera de la Unión Europea, también Suiza y Noruega cuentan con uno, aunque por las peculiaridades propias de su sistema fiscal (en Suiza se exime de tributar a las rentas del capital a cambio de gravar la acumulación de ese capital y en Noruega no existe impuesto sobre sucesiones a cambio de gravar el patrimonio). Los tributos sobre la riqueza nunca tuvieron un enorme poder recaudatorio, amén de generar importantes distorsiones dentro de la economía (es preferible gravar la renta a gravar el patrimonio, y aún más preferible es gravar el consumo: así es como se impulsan el ahorro, la inversión y el crecimiento dentro de un país), pero en la era de la globalización financiera, son del todo inaplicables salvo, acaso, sobre el mucho menos móvil patrimonio inmobiliario: si se penaliza la presencia de capital dentro de un país, este tenderá a desplazarse a otro donde no se halle penalizado.
Durante los últimos años, sin embargo, diversos economistas de izquierdas liderados por Thomas Piketty han revivido el debate intelectual sobre la conveniencia de gravar la ‘excesiva’ acumulación de riqueza: su influencia, de hecho, se ha dejado sentir en una de las más destacadas precandidatas demócratas a la presidencia de EEUU, Elizabeth Warren. No en vano, dos habituales coautores de Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, se han convertido en asesores áulicos de Warren para desarrollar una radical propuesta de impuesto sobre la riqueza en EEUU.
En particular, Warren defiende un impuesto sobre patrimonio del 2% para las fortunas superiores a 50 millones de dólares y del 3% para las fortunas por encima de 1.000 millones de dólares. Es verdad que se trata de umbrales muy elevados, pero los gravámenes también lo son: en una economía donde los tipos de interés de la deuda pública a corto plazo rondan el 0%, un impuesto del 2% o del 3% puede equivaler en muchos casos a un impuesto sobre la renta de más del 100%. Si, por ejemplo, un patrimonio de 1.000 millones de dólares apenas consigue un rendimiento anual del 1,5%, un gravamen patrimonial del 2% supondría un tipo efectivo medio sobre sus ingresos de alrededor del 133%. Habiendo sido el rendimiento medio del patrimonio familiar estadounidense del 3,1% entre 1983 y 2016, un impuesto sobre la riqueza del 2% equivaldría a un impuesto sobre la renta del 64,5%, y uno del 3%, a uno del 96,7%. Acaso cupiera plantearse esta clase de esquemas fiscales como forma de penalizar la acumulación patrimonial en ‘manos muertas’ (esto es, en manos de aquellos incapaces de rentabilizarla: una especie de reforma agraria del siglo XXI), pero siempre a cambio de recompensar la generación de renta por parte de ‘manos vivas’ (es decir, a cambio de una sustancial rebaja de la fiscalidad del capital, siguiendo el modelo suizo). Pero Warren no defiende nada similar a lo anterior: su propuesta pasa por instaurar este confiscatorio impuesto a la riqueza sin rebajar otros tipos impositivos, lo cual solo tenderá a dinamitar el dinamismo de la economía estadounidense. Más impuestos, más pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Pero, ah, tal vez ese menor dinamismo económico inducido por la losa fiscal esté justificado para lograr importantes reducciones en la desigualdad. Si la sociedad en agregado se empobrece (o no se enriquece tanto como podría haberlo hecho) a cambio de que los diferenciales internos de riqueza se estrechen, el impuesto de Warren a la riqueza podría tener sentido… Al menos para aquellos que exhiben una fortísima preferencia igualitarista (“mejor más pobres y más iguales que más ricos y más desiguales”). Pero ¿en cuánto lograría minorar la desigualdad patrimonial la propuesta tributaria de Warren? De acuerdo con las simulaciones que acaba de elaborar el economista William Wolff, el impuesto de Warren apenas reduciría el índice Gini de riqueza dentro de EEUU desde en 0,8830 al 0,8825: es decir, una minoración de 0,0005 puntos. Algo absolutamente despreciable.
En definitiva, los impuestos a la riqueza no parecen mecanismos especialmente adecuados para luchar contra la desigualdad: ni siquiera cuando alcanzan niveles tan sumamente confiscatorios como los que propone Warren, de la mano de Piketty, Saez y Zucman. En lugar de destruir la riqueza allí donde se encuentre, mejor nos iría a todos si facilitáramos y promoviéramos la acumulación de esa riqueza por parte del resto de la sociedad.
Este artículo fue originalmente publicado en el El Confidencial (España) el 18 de diciembre de 2019.
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