En conversación con nuestro medio, la abogada de la organización, Romina Ampuero, aseguró que la mayoría de civiles implicados no ha sido parte de ningún proceso judicial.
Este martes, los sobrevivientes de la ex Clínica Santa Lucía, acompañados de sus representantes legales, presentaron una querella en contra de los civiles implicados en este ex centro de tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Hay que recordar que, a finales del año 2017, el directorio de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía inició una indagatoria oficial que buscaba explicar cómo era el funcionamiento dentro del local ubicado en la calle Santa Lucia 162, en la comuna de Santiago.
Así, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la abogada integrante del equipo jurídico de la organización, Romina Ampuero, dio detalles de la importancia de la información recogida en estos años.
Recinto de la ex clínica Santa Lucía.
“Recogimos los testimonios de sobrevivientes, además de información de procesos judiciales y otros datos que logramos conseguir. Pudimos dar con la estructura orgánica de la DINA adentro del recinto, lo que nos permite mapear como era que funcionaba en términos más operativos y tener la identificación del contingente médico y funcionarios que operaban allí”, explicó.
Aunque se sabe, por ejemplo, que en el último piso del recinto funcionaba una oficina personal del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, poco se sabía del rol que habían jugado los civiles en este caso.
Considerando que este lugar funcionó entre los años 1974 y 1977 como clínica para el personal de la DINA, y en paralelo como un centro de tortura, con celdas incluidas, Ampuero se refirió a la impunidad en la que vive hoy el personal civil que laboró en el recinto.
“Es un tema complicado porque pocos han sido sometidos a procesos judiciales, dos o tres personas solamente, y entre ellos solamente alguno condenado y el resto de los funcionarios civiles ninguno ha estado en un proceso. Hay un tema con la impunidad y la participación de los civiles en la dictadura que se muestra de manera muy clara en el caso de Santa Lucía”, aseguró.
El espacio de la ex Clínica Santa Lucía fue declarado Monumento Nacional en 2016.
La querella criminal interpuesta este martes va en contra del cardiólogo Werner Zanghellini, la enfermera Eliana Bolumburú, el cirujano dental Dámaso González, el dentista Sergio Muñoz Bontá, los cirujanos Vitorio Orvietto y Osvaldo Leyton, el otorrino Eugenio Fantuzzi, entre otros.
Por su parte, desde el lado de las víctimas sobrevivientes se ha mostrado optimismo respecto del resultado de esta querella. Según Ampuero, el hecho de llegar a tribunales con una investigación más orgánica y con claridad sobre la función del recinto, abre un mejor camino para alcanzar justicia.
En conversación con nuestro medio, el presidente del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y sobreviviente del lugar, Lautaro Videla, se pronunció respecto lo que considera ha sido un proceso beneficioso para los responsables civiles.
“La historia de la verdad y la justicia en este país ha sido extraordinariamente generosa con todos aquellos actores que en condición de civiles o asimilados a organizaciones cometieron crímenes e irrespeto a los DD.HH. Esta es una oportunidad importante en que aquellos médicos y enfermeras sean investigados por los tribunales, definida su participación en los delitos y condenados como corresponde”, precisó.
Esta denuncia, cabe recordar, se da a solo días de que el recinto en el que hoy también funciona la Comisión Chilena de Derechos Humanos, haya sufrido el robo de computadores que contenían información relevante sobre testimonios de vulneraciones humanitarias acontecidas en el país desde el 18 de octubre.
