La Comunidad denuncia ante la Fiscalía la usurpación de 59 viviendas públicas por grupos organizados
Primero captan a familias para okupar viviendas y, después, acuden al legítimo propietario para decirle: «Le devuelvo su casa por 10.000 euros». Es el precio que han llegado a pedir las mafias a los propietarios de viviendas usurpadas, aseguran fuentes consultadas. Muchos, ante la
desesperación de ver que antes de dos años no pueden recuperar su casa por el largo trámite que conlleva poder disponer de ella, sucumben a la oferta de las mafias y desembolsan la cantidad que les exigen para poder volver a recuperar sus casas. Una parte de las ganancias va a parar a los «okupas profesionales» en que muchos se han convertido, aunque la mayor parte se la quedan las mafias de la okupación. No es la única vía de actuación de las bandas criminales. No sólo se instalan ilegalmente en estos inmuebles, sino que también subarrendan las viviendas e incluso las venden a otras personas que se encuentran en situación de necesidad. La situación se complica aún más cuando estas casas se utilizan como locales donde se gestionan negocios ilegales de tráfico de drogas, la prostitución o el cultivo de cannabis. También se usan como almacenes de artículos robados o como talleres de despiece de vehículos. «Se trata de un grave problema que está alterando la convivencia vecinal en determinadas localidades y distritos de la capital, lo que genera un clima de inseguridad en los barrios afectados», aseguran desde la Comunidad de Madrid.
Se da la circunstancia, además, de que 59 viviendas públicas podrían haber sido okupadas por estas mafias ante la sospecha de un patrón de actuación similar en el que están implicadas las mismas personas. Es por esto por lo que el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ayer anunció que la Comunidad de Madrid va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid las presuntas okupaciones de estas viviendas públicas de las cuales 16 están ubicadas en la capital y, el resto, en otros diez municipios de la región.
En concreto, están localizados en Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada del Campo, Coslada y Móstoles. «Sospechamos, además, que hay grupos de desaprensivos que han encontrado en la okupación un nicho de negocio y creemos que con acciones como la de recurrir a la Fiscalía podemos intentar cortar la vertiente criminal de este tipo de okupación, que no sólo afecta a vivienda pública, sino también a propietarios de inmuebles», asegura a LA RAZÓN David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local.
De momento, ayer, el Consejo de Gobierno conoció un informe, elaborado de forma conjunta por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y por la de Vivienda y Administración Local, en el que se da cuenta de los hechos que podrían ser considerados delictivos y, en los próximos días, el Ejecutivo acudirá a la Fiscalía al entender que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 570). Asimismo, si se concluye que en estas viviendas se están llevando a cabo otras actividades delictivas, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
La Comunidad de Madrid ha acudido también a la Delegación del Gobierno para que se refuerce la seguridad en los barrios y distritos afectados y con ello se evite la sensación de inseguridad que pudiera favorecer la okupación de pisos y locales.
Según detalló Pérez, la medida «es una de las acciones que se ha acordado en la mesa de trabajo que arrancó en octubre pasado ya que el Gobierno de Díaz Ayuso se ha propuesto como una prioridad luchar contra la okupación». La mesa de trabajo está coordinada por la Consejería de Presidencia y de ella también forman parte el Ayuntamiento de Madrid y las consejerías de Justicia y Vivienda.
«La intención del Ejecutivo autonómico es buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas. El objetivo es conseguir una mayor seguridad jurídica y arbitrar nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas», aseguran desde la Comunidad.
El Gobierno se reunió a finales de octubre con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, para impulsar la coordinación entre la Administración autonómica y la justicia madrileña en los casos de okupación ilegal de inmuebles. Además, y tal y como avanzó LA RAZÓN, se ha enviado recientemente a todos los ayuntamientos de la región un protocolo dirigido tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las Policías Locales con recomendaciones sobre cómo actuar cuando haya una intentona de okupación o se haya producido ya, para que tanto éstas como la Administración de Justicia puedan tomar medidas lo antes posible y las viviendas puedan ser devueltas a sus legítimos propietarios. En esta situación se podrían encontrar 5.000 inmuebles en la Comunidad de Madrid.
Según ha explicado el consejero de Vivienda,desde el Ejecutivo regional también se recomienda en la misiva blindar los accesos de aquellos inmuebles, susceptibles de ser okupados, con elementos como chapas en las puertas y ventanas o la instalación de puertas antivandálicas.
La Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha cursos de formación jurídica y operativa a policías locales de la región ante casos de okupación. Están programados para el primer semestre de 2020.
