El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este martes que la gratuidad total de la autopista AP-7, prevista desde el próximo 1 de enero, es una "línea roja" de negociación ante la investidura del candidato socialista,...
"El PSOE sabe que si hace experimentos con cualquier tipo de peaje blando para la AP-7 dejaría de contar con el apoyo de Compromís en el Congreso", ha señalado Baldoví tras reunirse con la secretaria autonómica de Política Territorial, Inma Orozco, la diputada de Compromís en Les Corts, Belén Barchero, y los alcaldes y concejales de Compromís de los municipios afectados por la AP-7.
Según informa Compromís, Baldoví ha recordado que la liberación de la AP-7 es una reivindicación histórica de su coalición "después de más de 40 años de agravio respecto de otros territorios del Estado".
"No se aceptará ninguna propuesta por parte del gobierno central que no contemple la gratuidad absoluta de esta infraestructura, así como la remodelación de los enlaces existentes entre la AP-7 y otras vías, y la construcción de otros nuevos", añade el comunicado.
En la reunión todos los cargos de Compromís han coincidido en denunciar la "falta de transparencia e información" por parte de Fomento, así como "su improvisación por no haber previsto las situaciones que deberán afrontar los municipios afectados por la AP-7 una vez se levanten las barreras de la autopista", el 1 de enero de 2020.
Para Baldoví, "es muy lamentable que a estas alturas, el único documento que tienen nuestros municipios sobre la futura situación de la AP-7 es la carta que Aumar, actual empresa concesionaria de la autopista, ha remitido a los ayuntamientos para informar que a partir del 1 de enero de 2020 no se les continuará girando el IBI".
Además, desde Compromís se ha pedido al Gobierno central abordar con urgencia una reforma de la financiación local para que los Presupuestos Generales del Estado contemplan el coste de las obras de reacondicionamiento de los tramos urbanos de las N-332 y N-340, que ahora pasarán a depender de los municipios.
También se reclama crear una Comisión de seguimiento entre los ayuntamientos, la Generalitat y el Ministerio de Fomento para que todas las obras que se realicen en el territorio valenciano estén consensuadas.
