Visto lo variable de su discurso y lo cuestionable que tantas veces resulta su gestión, a los políticos sí cabe exigirles que no mientan a los ciudadanos. Es irrenunciable que, al menos, digan siempre la verdad, sobre todo en asuntos referidos a su comportamiento público. Y eso es precisamente lo que no hizo Ximo Puig al mentir, como hoy demuestra ABC, en las explicaciones que dio sobre la entrevista que le publicó el diario «The Guardian» y que en realidad era un contenido publicitario, a mayor gloria del presidente de la Comunidad Valenciana, sufragado con el dinero de los contribuyentes. El periódico británico ha confirmado por escrito a ABC que aquello no fue un trabajo periodístico convencional, sino un producto publicitario que fue retirado de su edición digital una vez concluyeron los términos del contrato firmado en su día. Por tanto, Puig mintió con descaro cuando en las Cortes Valencianas afirmó que aquello fue una entrevista más y que la factura girada en su día por «The Guardian» a la agencia de medios que contrató la Generalitat se refería a otras acciones de promoción de la Generalitat en el Reino Unido, estas sí publicitarias. «Es absolutamente falso que la entrevista fuera pagada», afirmó el 26 de septiembre pasado. Así se refleja en el diario de sesiones de la Cámara. Ya hay, por tanto, dos elementos que pueden hacer incompatible la permanencia de Ximo Puig en el cargo. El primero, que gastase 43.000 euros de todos los valencianos en hacerse un publirreportaje en el extranjero. El segundo, que mintiese a esos mismos valencianos con semejante descaro, embuste que hoy queda al descubierto. Doble corrupción por tanto, la material, que supone utilizar recursos públicos en beneficio propio, y la moral, por engañar a los ciudadanos.
Lleva el PSOE dos años ejerciendo la acusación popular en sumarios abiertos contra exdirigentes del PP por gastar presuntamente dinero público en mejorar su reputación personal en internet. Algunos de ellos, tras la pena de telediario, ya se han archivado, pero aún queda un buen puñado. Las revelaciones de «The Guardian» facultan a la Fiscalía a que investigue si existió malversación por parte de Generalitat socialista. De la misma manera que un juzgado valenciano investiga las ayudas, por valor de 370.000 euros, concedidas por el Gobierno de Puig a las empresas audiovisuales de su hermano Francis. Siendo presidente, el propio Ximo Puig aprobó que la Generalitat perdonase el 70 por ciento de la deuda a una empresa de la que él mismo es accionista y que le paga dividendos. Demasiadas sombras entre un tupido bosque de mentiras impresentables como para no pedir perdón a los valencianos, reponer el dinero gastado en su beneficio personal y despejar las dudas sobre las sospechas de nepotismo. Si no lo hace, ya está tardando en dimitir.
