Desde ahora nadie podrá defender el falso mantra de que el PNV es el único partido sin casos de corrupción política e institucional a sus espaldas. La condena a trece años de prisión que ayer dictó la Audiencia de Álava contra el que fuera diputado y dirigente de esa formación Alfredo de Miguel, y contra varios altos cargos del antiguo Gobierno vasco, acredita que entre 2005 y 2009 crearon una red de extorsión tildada «mafiosa» por la Fiscalía para la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Para ello, no solo imponían sus condiciones a las empresas adjudicatarias, sino que incurrían en coacciones si estas no pasaban por caja. La sentencia, unánime, revela muchos detalles de cómo funcionaban los cargos del PNV, cómo manipulaban los concursos, y cómo empleaban incluso correos electrónicos oficiales para actuar en nombre del partido o del Ejecutivo vasco.
El «oasis vasco» también ha resultado tener vicios de corrupción que demuestran la doble vara de medir con la que actúa este partido. Resulta poco consecuente que el PNV apoyase la moción de censura contra Mariano Rajoy alegando que no podían respaldar a un PP condenado por el caso Gürtel, cuando en realidad se iba a sentar en el banquillo una trama de una treintena de personas vinculadas al nacionalismo vasco y acusada de medio Código Penal: cohecho, asociación ilícita, malversación, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Las lecciones de ética política deben producirse en doble dirección, y no solo cuando resultan condenados miembros de otros partidos. El PNV no es partido para dar credenciales de legitimidad a los demás, pero nadie dará el paso de forzar una moción de censura contra Íñigo Urkullu.
