La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional «no coinciden» con los del estudio realizado por la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que señala que el 90 por ciento de los concertados cobra cuotas obligatorias.
«Desde 2015, los inspectores de la Comunidad han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador», han hecho público desde la Consejería, en declaraciones a Ep.
«No tenemos constancia de que ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria», han constatado.
Asimismo, han destacado que la Consejería pone en marcha todos los cursos un Plan General de Inspección «que incluye la supervisión de todos centros concertados, así como programas y servicios».
Además, han asegurado que la Comunidad envía a los centros concertados instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, mientras que la Inspección Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, para lo que solicita la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación y costes.
Según han precisado desde la Consejería encabezada por Enrique Ossorio, cuando la Inspección Educativa detecta alguna irregularidad, solicita al centro la corrección, y en caso de que no se corrija, puede ser motivo de apertura de expediente.
«Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas sean siempre de carácter voluntario», han aseverado.
