El texto, votado por la cámara catalana con el único apoyo de los grupos independentistas en la mayoría de puntos, reclama la "liberación inmediata y el archivo de la causa" de los CDR.
El pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil detuvo en Cataluña a varias personas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusadas de terrorismo y siete de ellas fueron encarceladas de forma preventiva en Madrid, mientras la Audiencia Nacional les investiga por terrorismo.
La resolución define a los presos como "personas queridas por mucha gente y socialmente comprometidas", que han sido objeto de "posibles vulneraciones de derechos fundamentales", por lo que, de confirmarse, añade, serían "represaliados políticos".
El texto señala, en este sentido, que "todo forma parte de una causa general, una operación de Estado contra el independentismo".
Por ello, reclama la puesta en libertad "inmediata" de los presos y el archivo de la causa de los implicados, y que se abra una investigación para dilucidar esas posibles vulneraciones de derechos y carencias en garantías procesales.
Hasta que no sean puestos en libertad, la resolución aprobada por el Parlament reclama que esos presos sean trasladados a cárceles catalanas y que se acabe con el régimen de aislamiento.
La cámara también ha condenado la "politización y opacidad" de la Audiencia Nacional, al tiempo que denuncia la filtraciones de sumario y la "criminalización" de los detenidos
En su intervención, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha vinculado la actuación policial en este caso a "una clara intencionalidad política: frenar la capacidad de movilización y cambio en el Estado".
Aurora Madaula, de JxCat, ha denunciado que se quiere vincular terrorismo e independentismo "sin pruebas y con un relato inventado", y ha defendido que "el movimiento independentista es y será pacífico".
Por parte de ERC, José Rodríguez, ha denunciado la "banalización del terrorismo" que a su juicio lleva a cabo la Justicia y ha asegurado que "denunciar los abusos del sistema judicial no es ir contra la independencia judicial", sino todo lo contrario.
La portavoz de Cs, Lorena Roldán, ha alertado de que, a su juicio, con esta resolución el Parlament está "normalizando la violencia" al pedir la libertad de "de aquellos que querían hacer daño a los catalanes".
El diputado socialista Ferran Pedret ha pedido "un poco de prudencia" y que se respete la presunción de inocencia a la par que no se ponga la mano en el fuego por cualquier activista independentista sin saber a ciencia cierta qué acciones pretendía llevar a cabo.
Los comunes han votado a favor de algunos de los puntos de la resolución, aunque no de los principales, y su portavoz, Susanna Segovia, ha denunciado que se quiera "criminalizar la protesta" y se ha mostrado preocupada por el "sesgo de violencia punitiva" del Estado, especialmente en lo referente a "la organización social y la protesta".
El diputado popular Alejandro Fernández, por último, ha denunciado la actitud de ERC y JxCat, que votan resoluciones como esta mientras negocian la investidura del socialista Pedro Sánchez: "Por la mañana los llaman carceleros y represores y por la tarde se hacen fotos con ellos", ha dicho.
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