La corrupción en el sistema judicial del estado Miranda está llegando a niveles de convertir los órganos judiciales en una “gestoría de negocios y una mafia judicial, donde las sentencias son vendidas al mejor postor” según denunció ante el Ministerio Público la abogada litigante Yanina Figueroa, quien exhortó además al Fiscal General de la República Tarek William Saab a ejercer acciones en el más corto plazo para poner fin a esta situación.
En su opinión, Los tribunales de instancia, de municipio y el propio Ministerio Público a través de sus fiscales y auxiliares de justicia en Miranda, “están inmersos en delitos de corrupción administrativa y para colmo, convalidan acciones ilegales que van en contra de las normas establecidas en el texto constitucional”.
Explicó que el pasado 25 de octubre, junto a otros profesionales del derecho, formularon una denuncia por la misma situación de corrupción ante el propio Fiscal Tarek William Saab y a pesar de que el funcionario ordenara el inicio de una investigación mediante un oficio remitido al Presidente del circuito del estado Miranda, “los fiscales de las dependencias han hecho caso omiso al problema planteado”.
Aseguró Figueroa que existen evidencias en los casos de la Juez superior Zulay Bravo del Circuito judicial civil del estado Miranda e igualmente del extinto Fiscal Daniel Augusto Flores “quien ha cometido actos de prevaricación, actuando en juicios civiles y penales donde él era Fiscal del Ministerio Público”, algo que a su juicio, atenta en contra de la administración de justicia y el estado de derecho.
Asimismo, señaló el caso de la doctora Yoselina Fernández, en su carácter de Fiscal principal, quien “convalidó todas las actuaciones desplegadas por este funcionario lo que es una aberración, por cuanto es obligación del Ministerio Público, garantizar y velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
La jurista afirmó que los casos de corrupción que denuncian están relacionados a la mutilación de expedientes, alteración de evidencias de interés criminalístico, ocultación de material probatorio, desaparición de evidencias, distorsión de la verdad y “aprovechamiento de uso continuado de actos falsificados en vía judicial de los cuales tienen evidentemente conocimiento al ser pruebas evacuadas dentro de juicios”.
“Una vez que se delata dentro de un juicio, en un acto de evacuación de pruebas, la comisión de un hecho punible, automáticamente cuando el funcionario no paraliza la causa y eleva la denuncia al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente, convalida esas actuaciones cometiendo el delito de forjamiento de documento público y acto falso continuado”, concluyó.
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