El juez que instruye la investigación del presunto fraude en subvenciones para formación recibidas por UGT-Andalucía ha procesado a cinco ex responsables del sindicato –entre ellos el ex secretario general Francisco Fernández y el ex secretario de Administración Francisco Fresneda– y a una decena de «proveedores de confianza» con los que apalabraban facturas falsas por servicios no prestados que endosaban a la Junta. Llegaron a cargar el alquiler de aulas en edificios que en realidad son de uso del sindicato gracias a una cesión gratuita del Estado u organismos como la ONCE. El instructor archiva la causa contra siete investigados, entre ellos quien fuera líder del sindicato durante 15 años y la mayor parte del periodo investigado (2009-2013), Manuel Pastrana, por motivos de salud. Nunca acudió a declarar al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla al presentar partes médicos y ser incluso examinado por un forense. Su sucesor Fernández sólo estuvo seis meses en el cargo al estallar el caso en 2013, si bien antes fue secretario de Organización.
Mediante diferentes prácticas, UGT obtenía una «vía de financiación» con cargo a fondos públicos que debían destinarse íntegramente a la formación de parados y empleados. El auto de procesamiento cifra en 40,7 millones el «cómputo de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria». El perito judicial ha estado más de cuatro años analizando una treintena de expedientes y ha constatado presunto fraude en 14.
En el auto, de 3 de diciembre, el juez procesa por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental a Fernández, Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la responsable de la Central de Compras del sindicato Dolores Sánchez y el gerente de Soralpe, Enrique Goicoechea, una entidad creada por UGT para computar a las subvenciones gastos en alquiler de aulas pertenecientes al sindicato. Señala que Soralpe también fue usada por UGT para pagar las nóminas a personal «que anteriormente era contratado de UGT y seguían desempeñando idénticas funciones» dentro del sindicato. Así, su sueldo era cargadas a subvenciones para formación pese a que trabajaban en la Tesorería de UGT con Fresneda.
En el caso del alquiler de aulas, la «mecánica defraudatoria también afectó a inmuebles que habían sido previamente cedidos por diferentes administraciones y entidades a UGT, de forma gratuita y para ejecución de sus fines». En concreto, el juez alude a una docena de edificios cedidos por la Administración General del Estado al sindicato en las ocho provincias, uno en Algeciras de la ONCE y uno en Sevilla del Puerto.
Para el instructor, que da 20 días de plazo a la Fiscalía y las partes personadas para que presenten sus escritos de acusación o archivo, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del ex secretario de Administración Federico Fresneda, quien «se encargaba de la sección directa de los proveedores» y «de forma personal negoció» con cada uno «mediante pacto escrito o verbal» los descuentos que aplicarían «pero siempre bajo la exigencia de que no se dejara reflejo de dichos descuentos en las facturas emitidas» que se presentaban a la Junta al justificar las subvenciones. Al «ocultar» el descuento a la administración, el sindicato recibió una subvención mayor de lo que en realidad había gastado, generando un «bote» para sus arcas.
«Las especiales características de este mecanismo defraudatorio exigían que solo pudiera ejecutarse con proveedores de confianza», subraya el auto, que justifica por ello el procesamiento de diez responsables de empresas de diseño, imprentas o agencias de viaje que «se prestaron» al fraude «urdido por los dirigentes» de UGT-A mediante «la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».
El sindicato cargó al Gobierno andaluz facturas de 13 proveedores por campañas de publicidad de cursos que sólo se anunciaron en la web del SAE y de UGT y para el juez «resulta destacable» una factura de 281.563,07 euros emitida por una empresa de diseño con el concepto «Abono por incumplimiento de contrato, hecho que no impidió que se hiciera una imputación íntegra de la factura al expediente de subvención».
La reacción de UGT-A, que actualmente dirige Carmen Castilla, se asemejó ayer a la del PSOE ante la condena a Chaves y Griñán por los ERE: No afecta a la organización sino a personas que pertenecieron a la organización, dijeron a LA RAZÓN fuentes de la entidad sin querer valorar el auto.
Entre los 14 expedientes de ayudas en los que el juez ve indicios de fraude, hay dos en los que figura como monitor o tutor José María Moriche, el marido de la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, según la documentación manejada por la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los cursos de formación. Una comisión en la que compareció Díaz que, al ser preguntada al respecto, trazó una trayectoria laboral de Moriche y de sus ingresos profesionales tan pobre que acabó diciendo que «me casé con un tieso». En concreto, el sueldo de Moricho aparece entre los gastos que UGT cargó a una subvención de 8 millones para 183 cursos, de los que se consideran no subvencionables 7,5 millones. Y en otro expediente de 2,9 millones, de los que no se consideran subvencionable medio millón, entre otras cosas porque el sindicato duplicó los gastos de personal que presentó ya que la docencia era realizada por el propio personal de IFES, la Fundación de UGT para los cursos, por lo que no contrató a nadie extra para darlos.
