El legislativo de EE UU ha aprobado una resolución en la que aboga por fuertes sanciones a China como consecuencia de las violaciones de derechos humanos ordenadas por Pekín contra la minoría uigur. La denominada “Uyghur Human Rights Policy Act” impulsada por los legisladores responde a las continuas denuncias formuladas contra el gobierno comunista en la provincia de Xinjiang.
La cuestión ahora es inferir cómo puede afectar la citada resolución al desarrollo de las conversaciones entre los dos países para lograr la ansiada paz comercial. Para complicar más las cosas, el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó desde Londres que desconoce cuándo podría alcanzarse un acuerdo con el gigante asiático. Todavía peor, explicó que lo más probable es que no llegue hasta después de celebrarse las elecciones presidenciales de 2020. «En cierta forma», dijo a los periodistas, «me gusta la idea de esperar hasta después de las elecciones para el lograr el acuerdo con China, pero ellos quieren lograrlo ahora y habrá que ver si se trata o no de algo asumible».
Según las denuncias, más de un millón de uigures habrían sido encarcelados sin juicio previo y estarían siendo sometidos a técnicas de lavado de cerebro. Aunque China habla de campamentos de detención voluntarios para reeducar contra el extremismo político y religioso, lo cierto es que un informe coordinado por el prestigioso International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), que reúne a decenas de periódicos de todo el mundo, ya denunció el pasado noviembre las condiciones infrahumanas de los campos. Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch, explicó entonces a la BBC, uno de los medios que publicó el informe, que le parecía correcto «describir a todos los detenidos como sujetos al menos de tortura psicológica, porque literalmente no saben cuánto tiempo van a estar allí».
Fueran o no las palabras del presidente Trump fruto del cálculo negociador, propio de alguien acostumbrado a manejarse al borde del precipicio, lo cierto es que ha enviado a las bolsas un mensaje muy poco tranquilizador. Que para colmo llega en vísperas de que entren en vigor, el próximo 15 de diciembre, los multimillonarios nuevos aranceles fijados por la Casa Blanca contra las importaciones chinas.
Mientras tanto, Pekín todavía trata de digerir que el pasado 21 de noviembre la Cámara de Representantes de EE UU aprobó una ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, diseñada para tratar de velar por el respeto de las garantías democráticas. En caso contrario el Congreso amenazaba con sanciones económicas de gran calado. El documento, auspiciado por el congresista republicano por Nueva Jersey Chris Smith, concluía explicando que corresponde al presidente la decisión final de imponer los castigos y denegar visados «a las personas implicadas en las violaciones de derechos humanos en Hong Kong». Como en el caso de los uigures, todo dependerá de lo que se decida desde el despacho Oval de la Casa Blanca.
Respuesta de Pekín
El Gobierno chino condenó enérgicamente la aprobación del proyecto de ley sobre Xinjiang y advirtió de que responderá “según se desarrolle la situación” si el texto es convalidado por el Senado y por el presidente de ese país, Donald Trump.
“Esta ley difama deliberadamente la situación de los derechos humanos en Xinjiang y los esfuerzos de China por combatir el terrorismo”, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hua Chunying en un comunicado en el que asegura que la norma “ataca maliciosamente las políticas del Gobierno chino”.
“Las cuestiones de Xinjiang no versan sobre los derechos humanos ni son temas étnicos o religiosos, sino sobre la lucha contra el terrorismo y las actividades secesionistas. Xinjiang ha sufrido terrorismo extremo y violento. Ante esta situación, el Gobierno de esta provincia ha tomado medidas enérgicas de conformidad con la ley”, aseveró Hua.
