La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene por ahora la acusación por rebelión contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, para quien pide once años de prisión. Según han confirmado fuentes jurídicas, el teniente fiscal de este tribunal, Miguel Ángel Carballo, ha presentado hoy un escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia -encargada de juzgar a la ex cúpula de la Policía autonómica por su papel en el proceso soberanista- en el que justifica la decisión en que en este momento procesal no procede la modificación de las conclusiones provisionales “sin perjuicio de lo que resulte tras iniciarse el juicio”, que comenzará el próximo 20 de enero. De este modo, añaden esas mismas fuentes, se deja la puerta abierta a dar ese paso atrás “al principio o al final del juicio”. Pero “en ningún caso”, subrayan, eso supondría que la Audiencia Nacional perdiese su competencia para juzgar los hechos.
Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron este extremo y hacen hincapié en que la Sala de lo Penal ya ratificó el pasado julio su competencia para juzgar los hechos. Además, añaden, “una vez acordada la apertura de juicio oral la competencia fijada no puede alterarse porque rige el principio de perpetuatio iurisdictionis”. Además, en este caso, recuerdan, “no solo se ha abierto juicio oral sino que ya se ha dado un paso más y se ha señalado el comienzo de la vista”.
La defensa de Trapero, que ejerce la letrada Olga Tubau, instó a la Fiscalía a desistir de acusar por rebelión y hacerlo por sedición -en consonancia con las condenas impuestas a los líderes soberanistas por el Tribunal Supremo en la sentencia del “procés”-, lo que en su opinión acarrearía que los hechos los juzgara la Audiencia de Barcelona. La abogada insiste en que la Audiencia justificó su competencia para investigar los hechos por sedición -la instructora, Carmen Lamela, procesó a Trapero por este delito, aunque posteriormente la Fiscalía acusó por rebelión- en que con su conducta pretendían atentar contra la forma de Gobierno para subvertir el orden constitucional.
Pero una vez que el Tribunal Supremo estableció que el “procés” fue una “ensoñación” que no supuso un peligro real de ruptura constitucional, sino solo un artificio para empujar a la ciudadanía a votar y forzar a negociar al Gobierno español, la defensa del mayor de los Mossos considera que no hay base legal alguna para sustentar esa acusación por el delito de rebelión.
En su calificación definitiva, la Fiscalía también acusa de rebelión al ex director de los Mossos Pere Soler y al que fuera mano derecha del conseller Joaquim Forn en Interior, César Puig, para quienes pide una condena de once años de prisión. Para la intendente de la Policía autonómica Teresa Laplana, a quien sí acusa de sedición, solicita una pena de cuatro años de cárcel.
