La cláusula de la Constitución de Estados Unidos que estipula las condiciones para destituir a un presidente es tan breve que cabría en un tuit, pero tan opaca que los jerarcas del Gobierno siguen debatiendo su significado más de dos siglos después.
La frase tiene apenas 199 palabras y curiosamente, recuerda la afinidad del presidente Donald Trump de colocar mayúsculas azarosamente.
“El Presidente, Vicepresidente y todos los Oficiales civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de sus Cargos si son Enjuiciados y Convictos de Traición, Soborno y otros Delitos Menores o de Suma Gravedad”, indica la cláusula.
En estos momentos, cuando tiene lugar apenas el cuarto proceso de juicio político en la historia de Estados Unidos, la interpretación de esas palabras definirá la suerte de la presidencia de Trump.
Los juicios políticos por lo general giran en torno al abuso del poder, una estimación sobre la cual, por lo menos hasta ahora, los legisladores estadounidenses discrepan prácticamente según líneas partidistas.
Este miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes comenzó la audiencia que probablemente producirán las bases para un juicio político, el equivalente a una acusación formal ante un tribunal, y remitirá el caso al Senado.
El martes, la Comisión de Inteligencia de la Cámara baja emitió un reporte acusando a Trump de uso indebido de su poder, de obstruir las funciones del Congreso y de colocar “sus intereses políticos personales por encima del interés nacional”, términos que evocan el lenguaje usado contra Richard Nixon, el único presidente que ha perdido su cargo bajo amenaza de juicio político.
A mediados de noviembre, los demócratas agudizaron la confrontación con el mandatario al acusarlo de un delito específico, el de soborno, logrando vincular su conducta con un estándar claro de destitución.
En esa oportunidad la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, básicamente decidió dejar a un lado la complicada frase en latín quid pro quo a favor de resaltar un acto de corrupción criminal comprensible para el ciudadano común.
Fue un paso lógico, pero conlleva sus riesgos, opinó Cal Jillson, historiador especializado en la presidencia estadounidense, en la Southern Methodist University.
“El proceso de juicio político ha entrado en su fase pública, no sólo porque las audiencias ahora se realizan abiertas al público, sino porque ambos partidos ahora están dirigiendo sus argumentos hacia el electorado”, opinó Jillson.
“Es por ello que los demócratas decidieron, con mucha razón a mi parecer, olvidarse de esa frase en latín ‘quid pro quo’ en favor de términos más modernos, como soborno y extorsión”.
“Pero deben tener cuidado de no caer en la trampa republicana de pensar que tienen que demostrar un delito para lograr el juicio político. Eso no es necesario”, añadió.
Precisamente el día anterior, el representante republicano Devin Nunes, el de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, parecía estar tratando de tender esa trampa, denunciando que “este es un proceso en busca de un crimen”.
Para un lector moderno, la frase “delitos menores o de suma gravedad” puede resultar confusa. ¿Acaso se trata de algo tan grave como un asesinato, o de algo tan simple como ensuciar una calle, o de algo entre esos dos extremos? ¿Cuándo alcanza un delito el nivel de “suma gravedad”? ¿Para qué siquiera mencionar los delitos menores?
Expertos constitucionalistas, que han examinado los escritos durante esos cuatro meses en 1787 cuando se redactó la Constitución en Filadelfia, afirman que la frase vaga fue intencional, para dejar claro que cualquier abuso de poder será considerado inaceptable siempre y cuando perjudique los intereses nacionales.
“No es que estaban exhaustos o que eran unos flojos”, escribió el historiador presidencial Jeffrey A. Engel en su libro Impeachment: An American History (Juicio político: Su historia en Estados Unidos). Al contrario, los próceres se abocaron a un proceso minucioso a fin de lograr el equilibrio exacto entre los delitos que serían castigados con el voto popular en las elecciones venideras, y los que eran de tanta gravedad que ameritaban destituir al funcionario incluso a mitad de periodo.
Una frase que consideraron al redactar fue “malversación o negligencia de sus deberes”. Otra fue “corrupción y otras ofensas” y otra “mala administración”.
James Madison sugirió “Incapacidad, negligencia o perfidia” expresando su preocupación de que futuros presidentes “se rendirán a la influencia de potencias extranjeras”.
Los delegados aprobaron inicialmente esta frase: “Será destituido el funcionario que sea acusado por la Cámara de Representantes, y convicto en el Senado, por traición o soborno”.
Pero ello no agrupaba toda conducta delictiva posible. George Mason propuso añadir “otros delitos graves o menores”. Casi, pero seguía siendo demasiado amplia.
Fue entonces que se decidió “delitos menores o de suma gravedad”, para incluir ofensas tan graves que le hacen daño a la república o a la voluntad popular.
