Seis personas fueron formalizadas por la propagación de elementos contaminantes en las regiones de Valparaíso y el Biobío.
El Juzgado de Garantía de Talcahuano dictaminó este sábado medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), por su presunta responsabilidad en casos de contaminación ocurridos el año pasado en las regiones de Valparaíso y el Biobío.
Desde el pasado jueves, el tribunal formalizó a Edmundo Piraino Suez, gerente de Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero de Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Refinerías Biobío; y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero.
De acuerdo al Ministerio Público, los funcionarios serían responsables de la propagación de elementos contaminantes al medio ambiente, sabiendo del daño que podían provocar en la salud pública.
Esto, en referencia a episodios ocurridos en agosto de 2018 en Quintero y Puchuncaví y en Talcahuano y Concepción.
El juzgado fijó además un plazo de 18 meses para desarrollar la investigación, en la que figuran como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la municipalidad de Quintero y particulares.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, manifestó su satisfacción con las medidas cautelares, pero advirtió que “estamos, seguramente, ni en la mitad del camino”.
En tanto, la fiscal especializada en delitos medioambientales Ana María Aldana comentó que “este tipo de causas son extraordinariamente complejas, requieren no solamente un trabajo de investigación, sino que también el apoyo de muchos peritos, de muchos especialistas. Por eso, vamos a utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para tratar de llegar lo más cercano a determinar exactamente lo que ocurrió”.
A través de un comunicado, Enap cuestionó a los abogados querellantes que habían pedido prisión preventiva para sus ejecutivos -lo cual fue desestimado- y afirmó que esa solicitud “se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos”.
“Todas las instancias de investigación judicial y administrativas realizadas hasta ahora han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a los trabajadores de la compañía por estos eventos”, aseguró la compañía.
De acuerdo a la firma estatal, “estos trabajadores han permitido garantizar el suministro de combustible de Chile en momentos muy críticos por lo cual es muy doloroso para ellos y para Enap que hoy día se les haya intentando presentar como personas peligrosas para la seguridad”.
