La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha mostrado su desacuerdo con retrasar la publicación de los resultados españoles del Informe PISA, prevista para el próximo martes 3 de diciembre, como ha pedido la Comunidad de Madrid, por considerar que los resultados de las pruebas de matemáticas y ciencia que realizaron los estudiantes están "contaminados" por las "anomalías" que se han registrado en las pruebas de lectura.
En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá también ha subrayado que no corresponde el Gobierno de España decidir sobre la fecha de publicación del Informe PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 79 países de todo el mundo. "No nos favorece esa pretensión que tiene la Comunidad de Madrid, con la que no estamos de acuerdo", ha afirmado.
Este viernes, el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha solicitado el aplazamiento de los resultados, aunque a la misma hora el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha confirmado que el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, presentará el informe PISA el martes en Madrid junto a la analista principal de PISA, la japonesa Miyako Ikeda.
La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, justifica su petición en la decisión de la OCDE de aplazar la publicación de parte de los resultados españoles tras detectar anomalías en las respuestas de los estudiantes en la prueba de lectura en algunas zonas de España. Según la OCDE, así podrá "identificar las causas" del comportamiento "anómalo" de las respuestas a la prueba de lectura que "no reflejan el nivel real de competencia de los estudiantes".
En un comunicado publicado el pasado 15 de noviembre, la OCDE no descartaba que las pruebas de competencias matemática y científica que realizaron los estudiantes españoles estuvieran también afectadas por este "comportamiento anómalo", aunque en menor medida.
En concreto, en la prueba de lectura "un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma que era patente que no representaba su competencia lectora real", detalló la OCDE.
"Como esta evaluación se hizo a través de ordenador, las acciones de los estudiantes quedaron registradas y se ha podido realizar un seguimiento de lo que hicieron. En muchos casos, los estudiantes contestaron la sección de fluidez lectora de manera apresurada, empleando menos de 25 segundos en total para responder más de 20 preguntas" y respondiendo "siguiendo ciertos patrones" como "todas sí o todas no", añadían desde la OCDE, señalando que esta representa la principal anomalía de las pruebas.
Resultados inverosímiles
Un tercio de los 5.016 alumnos madrileños de 15 años que hicieron las pruebas en 2018, dieron resultados "inverosímiles" en fluidez lectora, con un porcentaje de errores superior al 25% en los centros donde las pruebas fueron aplicadas por "tres grupos de examinadores externos" que no solo actuaron en Madrid, según el análisis de la Consejería madrileña.
Las veinte frases de fluidez lectora con las que arrancaba el examen, hecho por ordenador y que se incluían por primera vez "como novedad" en PISA 2018, eran de "pura lógica" y no se justifica que varios alumnos pincharan "sí" en la frase de que los "aviones están hechos de perros", ha explicado el consejero en un encuentro con periodistas.
Además, "tardaron 20 segundos en contestar veinte preguntas", frente a la media de 50 segundos a 2 minutos de otros países, por lo que podrían no haber entendido las instrucciones o haber creído que solo eran de prueba, marcando por ejemplo todo síes o noes o bien cliqueando aleatoriamente.
Son algunas de las hipótesis que estudia la Consejería, ya que los alumnos solo tenían que "reaccionar ante la lógica del mensaje", y máxime teniendo en cuenta que se dio en centros del oeste de la región, que habitualmente cosechan buenos resultados.
Otra de las disfunciones observadas por la Consejería madrileña ha sido calificar "con un cero" a 70 alumnos que no se presentaron, entre otras "inconsistencias en la base de datos", como que algunas de las pruebas, que se aplicaron en mayo-junio de 2018, estaban fechadas en 2017.
Estas anomalías "influyen directamente sobre los resultados obtenidos en las tres competencias analizadas: lectura, matemáticas y ciencias", por lo que Madrid considera que la OCDE debería aplazar todos los resultados de España hasta "que se depure su incidencia real" en el resultado final, en vez de publicar solamente los de ciencia y matemáticas el próximo 3 de diciembre, como ya anunció.
Además, lectura "era la prueba estrella" e incluía, junto con estos 20 ítems de lógica, una parte de comprensión lectora propiamente dicha y la calificación era "el resultado de ambas".
De acuerdo con la distribución estadística para ese año, en el que Madrid había hecho un esfuerzo ampliando el número de centros participantes, la totalidad de los alumnos se examinaron de esta "prueba estrella", mientras que solo 2.077 (un 41%) hizo la de matemáticas y 2.055 la de ciencias, un 40% del total.
Las notas de pruebas no realizadas (matemáticas y ciencias) se obtiene mediante "una estimación a partir de una serie de variables entre las que figura el resultado en lectura".
Por tanto, "un 60% de los resultados en matemáticas y ciencias tiene una contaminación de los valores anómalos en lectura", y si la OCDE ha anunciado que no publicará los datos de lectura el 3 de diciembre, tampoco debería publicar los de matemáticas y ciencias, en aras del rigor científico, porque "son inexactos".
Sin los resultados "inverosímiles" en estos tres grupos de aplicadores, Madrid hubiera cosechado unos 12 puntos más en competencia lectora, estima la Consejería tras haber comunicado por escrito las disfunciones detectadas tanto al Ministerio de Educación como a la OCDE.
En el encuentro se ha explicado que realizar estas pruebas cuesta mucho dinero, aunque sin dar cifras exactas, tanto al Ministerio como a la Comunidad, una parte de lo cual se abona directamente a la empresa de los examinadores contratada mediante concurso por el Ministerio.
Si los datos "no son corregidos antes de la publicación, nos obligarían a desechar los resultados y a desconfiar" de los análisis de un organismo del prestigio de la OCDE, según la consejería madrileña que detalla que en 2006 ya se anularon los datos de EE.UU y en 2015 los de Argentina.
