La canciller de Bolivia, Karen Longaric, descartó este jueves que su país vaya a romper relaciones diplomáticas con México por la negativa de entregar a dos ex ministros del renunciado Evo Morales, asilados en la embajada mexicana y acusados por la justicia de sedición y terrorismo.
“No creo que este impasse por los asilados políticos llegue a ese extremo”, afirmó Longaric respecto de la negativa mexicana de dar cumplimiento al pedido de la fiscalía boliviana de que entregue a los ex ministros Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca.
Sobre Quintana, ex titular de la Presidencia y brazo derecho de Morales, pesa una orden de detención por “sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo”, y sobre Alanoca, de Cultura y Turismo, por “instigación a delinquir”.
Quintana afirmó en plena crisis que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” en caso de que renunciara Morales quien, finalmente, dimitió el 10 de noviembre, tras varias semanas de violentas manifestaciones desatadas por su victoria en las presidenciales del 20 de octubre y que la oposición y la OEA tildaron de fraudulentas. Desde entonces, han muerto 33 personas durante las protestas.
Las autoridades sospechan que Alanoca mandó fabricar cócteles molotov caseros para resistir al nuevo gobierno.
Según Longaric, “la actitud del gobierno de México va a ir suavizándose y va a comprender que efectivamente pesan sobre algunos asilados acusaciones muy serias sobre delitos muy graves”.
“En caso de que se rehusaran a entregar a personas con delitos comunes sería un problema muy grave para ellos e incómodo para nosotros”.
Los diplomáticos mexicanos en La Paz “tendrían que resignarse a que esas personas se quedaran en esa embajada por los años de este gobierno y los siguientes del próximo gobierno [...] se van a quedar esas personas en la residencia de la embajada muchísimo tiempo”, especificó.
Además de Quintana y Alanoca, la legación mexicana alberga a más de 20 personas, entre ellas los ex ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Defensa, Javier Zabaleta, y de Economía, Luis Arce Catacora, quien recibirá un salvoconducto en las próximas horas.
En relación a una denuncia de Morales, asilado en México hace dos semanas, de que es seguido por Interpol, Longaric dijo no saber nada.
Sin embargo, poco más tarde el fiscal de La Paz, William Alave, confirmó que Morales sí está siendo investigado por Interpol.
“A través de Interpol se ha activado esta notificación azul, lo que significa que esta persona está siendo investigada”, explicó a periodistas.
La fiscalía solicitó a la cancillería boliviana que tramite ante el gobierno mexicano para “que nos pueda dar en su momento el lugar para que se tome la declaración” del ex mandatario, que gobernó el país por casi 14 años, dijo Alave.
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CANCELAN DECRETO QUE PROTEGÍA A MILITARES
La presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, ayer dejó sin efecto un decreto que autorizaba a militares a participar en la preservación del orden público y los eximía de responsabilidad penal, puesto en vigor durante los días de conflicto en el país que dejaron 33 muertos.
“Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación”, dijo Áñez, en un acto transmitido por los medios.
La norma estuvo en vigor desde el 13 de noviembre hasta ayer.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “grave” el decreto, por desconocer los estándares internacionales de derechos humanos, y por estimular la represión violenta.
Tras la anulación del decreto, Áñez agradeció a las fuerzas armadas, “a nombre de la democracia, por su decidida y oportuna participación”.
