La OCDE, que ha paralizado la prueba de lectura española, detectó distorsiones en nueve Estados en las seis ediciones anteriores del informe
Hace 15 días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció que, ante un “comportamiento inverosímil”, no iba a publicar este próximo martes los datos de lectura en España en las pruebas de calidad educativa PISA. A las dos horas, visiblemente molesta, la ministra de Educación en funciones Isabel Celaá se defendió diciendo que el test se respondió con el Gobierno anterior y que las anomalías no eran algo exclusivo de España. “Ya le ha ocurrido a la OCDE en Estados Unidos, en Holanda... Y esto es lo que tenemos”, señaló. La lista de Celaá se quedaba muy corta, porque en un escrito la institución reconoce haber detectado “anomalías” en las pruebas de nueve países en las seis ediciones anteriores de la evaluación (2000-2015). En unos casos por problemas técnicos y en otros porque los datos reunidos no cumplían el exigente patrón de PISA. Un listado que el organismo no oculta y que, sin embargo, es desconocido. Aunque la OCDE no dice a los países cómo debe actuar tras la foto mostrada en PISA, es evidente que condiciona las políticas nacionales.
