El pleno de la Cámara de Diputados aprobó tipificar la violencia política en razón de género como delito electoral y estableció una sanción uno a tres años de prisión a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres.
Avalado con 417 votos a favor, el dictamen prevé igualmente una penalidad de seis meses a tres años de cárcel a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes contra una precandidata, candidata o mujer que ocupe un cargo público.
Asimismo se plantean de cuatro a siete años de prisión cuando la violencia política en razón de género sea perpetrada con violencia física, sexual o amenazas.
Además, en caso de que los responsables sean funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio.
Para el caso de servidores públicos, la sanción se incrementará hasta en 50 por ciento, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o empleo.
Durante su sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados aprobó también una reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el objetivo de lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.
El proyecto avalado por 402 votos a favor tiene como finalidad reconocer a las mujeres en las designaciones de cargos donde se toman decisiones, abatir la violencia institucional que se vive en las diferentes dependencias gubernamentales y fortalecer el andamiaje jurídico contra la revictimización.
Adicionalmente, con 398 votos a favor y siete abstenciones, el pleno cameral aprobó las reformas a diversas disposiciones de las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la de Salud para erradicar la violencia obstétrica, definida como toda acción u omisión del personal de salud público o privado que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, el parto, el post-parto y puerperio.
El proyecto establece que por ningún motivo se podrá negar el servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres y señala que en los servicios de salud se promoverán acciones de prevención de la violencia obstétrica.
Con información de Elia Castillo
AE
