Después de varios años sin fisuras en su respuesta a las leyes inconstitucionales que pretendían dar cobertura al proceso separatista en Cataluña, el Tribunal Constitucional (TC) dejó a un lado la unanimidad para rechazar ayer por mayoría -muy amplia, en todo caso- el recurso de amparo de Junqueras contra la decisión del Supremo de no excarcelarlo para que tomara posesión de su acta de parlamentario autonómico. Tres magistrados han anunciado su voto discrepante, frente a los nueve que han dado la razón al magistrado Llarena cuando decretó la prisión provisional incondicional de quien fuera vicepresidente de la Generalitat. La división de opiniones en el seno de un tribunal no debe verse como un drama institucional, menos aún cuando se trata de recursos de amparo de derechos fundamentales, asuntos sobre los que gravita el sistema de garantías de la Constitución y permite diversas interpretaciones. En todo caso, que nueve de doce magistrados hayan avalado al Supremo sigue ratificando la sólida posición del TC ante el desafío separatista. No hay que negar que, en una semana, el TC se ha dividido en dos asuntos que afectan a Cataluña: primero fue el respaldo a la reforma del Código Civil catalán, con una ajustada mayoría de siete a cinco; y ahora en el caso sobre Junqueras. Ni banalizar este nuevo escenario, ni diagnosticarlo como una crisis de Estado. Basta constatar que, coincidiendo con la negociación entre PSOE y ERC, hay un cambio de actitudes que merecen un seguimiento. Además, quien tenga la vista puesta en el Tribunal de Derechos Humanos y piense que esos tres votos particulares van a ser la piqueta para demoler el proceso judicial contra el «procés», puede equivocarse porque ya hay dos precedentes en Estrasburgo que respaldan tanto al TC como al Supremo, uno de ellos referido precisamente a la prisión provisional de Forcadell.
