La oferta del Gobierno de España que ERC espera «ponga sobre la mesa» incluye la situación personal de los condenados por el Tribunal Supremo y los fugados de la Justicia española relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así lo sugirió el lunes Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable de ERC en libertad, en un artículo en «La Vanguardia»: «Mantener encerrados en prisión y en el exilio a los dirigentes de los partidos soberanistas por haber puesto las urnas es un sinsentido», por lo que «esperamos, también, que el Gobierno español ponga sobre la mesa su propuesta».
Y si es un «sinsentido» que haya responsabilidades penales por el 1-O, tampoco las puede haber económicas. Eso es lo que defienden en el partido que lidera Oriol Junqueras desde la prisión de Lledoners (Barcelona), y recordarán en la larga negociación con el PSOE que este jueves se inició en Madrid. Sobre todo, tras conocerse que el Tribunal de Cuentas (TdC) ha citado para el próximo 28 de enero a Carles Puigdemont, Junqueras y 27 responsables más del 1-O para entregarles la «liquidación provisional», es decir, la cantidad económica que se les imputa por el coste de la consulta ilegal.
En el escrito de la Fiscalía, la cifra no sería menor a los 3,2 millones de euros -hay gastos que el Ministerio Fiscal no ha podido comprobar-; una cantidad superior al de las acusaciones particulares, Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución, que señalan que consideran demostrado el gasto de 1,9 millones de euros, al menos. Y muy inferior con la que trabajan en el propio Tribunal, según fuentes consultadas por ABC, que podría llegar hasta los 6,7 millones de euros. En cualquier caso, la «liquidación provisional» que se comunicará a los citados dentro de dos meses tendrá que ser avalada de forma solidaria, con una fianza o el embargo de bienes, y podría ser solo la primera de una segunda citación, ya que la Fiscalía, en su escrito solicita que se traslade al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga penalmente los preparativos del 1-O, el «testimonio de particulares».
Historial judicial
Con este proceso judicial abierto, tras la sentencia del Tribunal Supremo —que cifró en 2,3 millones el costo del referéndum—, y unas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, los independentistas no quieren dejar pasar la ocasión para eludir el mayor número de responsabilidades como consecuencia del intento de perturbar el orden constitucional, por lo que plantean sin tapujos una «amnistía» que supondría tener un historial judicial limpio.
En este sentido, influir en el TdC —en un proceso abierto como este— entra dentro de la exigencia de ERC al PSOE. Así, fuentes del TdC reconocen a este diario la preocupación de los miembros del Tribunal, porque desde el entorno socialista se admite la presión que el PSOE recibe de ERC para que se rebaje la condena.
De ahí la importancia del informe que está en manos del TdC y cuyo contenido publicó ABC en marzo de este año, y que por encargo de las Cortes, fiscalizó la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. En el documento se detalla, por ejemplo, el alto incremento del coste en política exterior del gobierno catalán —un 39 por ciento— bajo la presidencia de Puigdemont en 2017, año de la celebración del referéndum ilegal y para cuyo objetivo se llevó a cabo una intensa política de comunicación internacional.
Este jueves, la entidad SCC, una de las acusaciones en el proceso judicial contable, advirtió tras conocer la citación del TdC que «los líderes del separatismo no pueden continuar utilizando el dinero de todos los catalanes para alcanzar objetivos políticos que no solo no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que están fuera de la ley» y pidió a los partidos implicados en el desafío secesionista que hagan «examen de conciencia» y «un análisis objetivo de la situación actual». En su afán de que se lleve a cabo una «auditoría del procés», desde SCC se recordó que, en caso de que los independentistas continúen «su deriva separatista», activarán «los mecanismos democráticos oportunos, precisamente para defender la democracia en nuestra tierra».
De hecho, Artur Mas y otros miembros de su gobierno ya conocen la acusación de SCC ante el TdC. En este caso, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, también declara ilegal por los tribunales. El año pasado, tras la correspondiente condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y su ratificación por el Tribunal Supremo, el TdC condenó a Mas y parte de su equipo al pago de casi 5 millones de euros por el coste del 9-N. El procedimiento seguido para los responsables del 1-O es el mismo.
«Represión» del «Estado»
Como cabía esperar, la primera reacción de la Generalitat a la citación del TdC fue la de cargar contra el Gobierno en funciones y la de valorar la decisión del Tribunal como una «represión» más contra los secesionistas. Quim Torra, presidente autonómico catalán, recordó —desde su cuenta de Twitter— que, tomando las palabras pronuncias hace días por Sánchez, la Fiscalía «depende del presidente».
Por su parte, Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, fue más allá y afirmó que las citaciones a Puigdemont, Junqueras y 27 responsables más del 1-O representan «una muestra más de la represión» que el movimiento independentista «sufre» por parte del «Estado español, gobierne quien gobierne». Y añadió que, en su opinión, la condena a Mas, en 2018, y el proceso abierto contra Puigdemont y Junqueras son «una injusticia».
Además de los que fueron presidente y vicepresidente durante el 1-O, el TdC también ha citado —a ellos o a sus representantes legales— para el 28 de enero a los que fueron consejeros autonómicos: Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Toni Comín, Quim Forn, Carles Mundó, Neus Munté, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull, Meritxell Serret, Jordi Turull y Santi Vila; y a altos cargos de la Generalitat, entre los que destacan, Amadeu Altafaj, Antoni Molons, Joaquim Nin, Albert Royo y Rosa Vidal.
