LA PAZ, noviembre (Prensa Latina).— El diputado por Unidad Demócrata, Rafael Quispe, y el abogado Omar Durán interpusieron este lunes ante el Ministerio Público una denuncia contra el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, por los supuestos delitos de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir, entre otros, reporta Prensa Latina.
La acción penal emprendida por la derecha busca responsabilizar a Morales por las multitudinarias protestas de los movimientos obreros, campesinos e indígenas contra la asonada golpista cívico-militar y en rechazo al Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
De acuerdo con la denuncia, desde su llegada a México tras acogerse a la propuesta de asilo del Gobierno de ese país, Evo Morales mediante entrevistas con medios de prensa y publicaciones en las redes sociales, «incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición», reseño la Agencia de Noticias Fides.
Morales renunció el 10 de noviembre a la primera magistratura de la nación sudamericana, para evitar el recrudecimiento de los ataques perpetrados por sectores de la extrema derecha boliviana contra los sectores populares e integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS).
A diferencia de la postura asumida por el derrocado mandatario de abogar por la paz para solucionar la crisis, el Gobierno de facto desató una violenta ola represión, al extremo de emitir un decreto que exime a los militares de responsabilidad penal en el control de las manifestaciones.
La medida se une a la erogación de fondos millonarios para la compra de equipamiento adicional para las Fuerzas Armadas, así como la creación de un organismo especial a cargo de detener a aquellos legisladores afines al MAS que cometan presuntos actos subversivos y sedición.
Según una nota publicada por Telesur, el Gobierno de facto en Bolivia mantiene su campaña de criminalización contra dirigentes políticos y simpatizantes del MAS, quienes denuncian el golpe de Estado y expresan su respaldo al presidente Evo Morales.
En este sentido, el ministro de facto de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, anunció este lunes la creación de un «aparato especial de la Fiscalía» para apresar a senadores del MAS por promover «subversión y sedición».
Al conocer el anunció de Murillo, Evo Morales denunció que la medida aumentaría el grado de persecución política del golpismo alrededor de Añez contra los seguidores del MAS.
La semana pasada, Murillo había comunicado la intención del Gobierno de facto de perseguir y cazar a exfuncionarios y legisladores del MAS como medida para instaurar el miedo y temor en la mayoría de los bolivianos que se mantienen en las calles rechazando el golpe de Estado.
«Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país», aseveró Arturo Murillo al asumir el cargo.
De acuerdo a Bruno Sgarzin,i del portal Misión Verdad, las acciones adelantadas en Bolivia contra el MAS cumplen el mismo formato de criminalización de los partidos progresistas de América Latina.
Tras la consumación del golpe de Estado el 10 de noviembre, la agresión y extorsión simultánea de ministros, parlamentarios y autoridades comunales y simpatizantes del MAS se recrudeció.
Más allá de la persecución a legisladores y políticos del MAS anunciada por el Gobierno de facto, la represión a las manifestaciones pacíficas en respaldo a Evo Morales también forman parte de la campaña de criminalización.
Detrás de la criminalización del MAS se esconde la intención del Gobierno de facto de restar el poder político al partido que mantiene el control parlamentario y evitar la aprobación de leyes que condenen el golpe y llevan a la restauración de la paz y tranquilidad del país, refiere Telesur.
