Por primera vez en la historia, el Consejo Coordinador Empresarial presentó junto con los 12 organismos que lo conforman, un recurso jurídico por la 'Ley Bonilla' en Baja California. A través de un amicus curiae, manifestaron su condena a la aprobación de esta ley por considerarla una violación a la Constitución mexicana.
En el escrito presentado por la máxima cúpula de representación del sector privado, los presidentes de los organismos empresariales buscan defender ante el Poder Judicial de la Federación la conservación y el respeto del sistema democrático de México, ya que consideraron que la legislación referida vulnera la Constitución federal.
El CCE y sus organismos miembros presentaron un amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de allegar consideraciones al Decreto 351 aprobado por el Congreso del Estado de Baja California –la llamada 'Ley Bonilla'-, que extiende a cinco años el mandato del gobernador -Jaime Bonilla- contraviniendo el periodo de dos años por el que fue electo el pasado 2 de junio, y vulnerando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
El amicus curiae es un mecanismo a través del cual terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal, que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial.
A través de un comunicado, el CCE señala que el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución federal, que indica que las leyes electorales deberán modificarse con cuando menos 90 días de antelación al inicio del proceso electoral. Constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución Política del país.
Los ciudadanos de Baja California acudieron a votar por un gobernador que duraría en el cargo dos años y la modificación del periodo de mandato vulnera su derecho al voto.
“La determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad, lo que se traduciría en un régimen de democracia aparente donde de facto se alteran los periodos de ejercicio del cargo sin tomar en cuenta la libre expresión de la voluntad de los electores”, explica el organismo en el comunicado.
El Artículo 116 constitucional establece que los gobernadores cuyo origen sea la elección “en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo...”. Esto es, se prohíbe cualquier forma de reelección, incluyendo las formas en las cuales se pueda simular la misma.
Los firmantes reiteraron su condena a la aprobación de esta ley, que se contrapone a la expresión de la ciudadanía en las urnas, y pone en entredicho la democracia y el Estado de Derecho en Baja California.
