El último día de cada mes se produce de forma recurrente una sangría de empleos en España. Los afiliados se reducen de forma drástica y, aunque la cifra varía en función de la época del año, rara vez baja de los 100.000 puestos de trabajo destruidos.
Si nos ceñimos solo a este ejercicio la cifra ha ido en claro aumento, en línea con el empeoramiento y la desaceleración del mercado de trabajo que reflejan todas las estadísticas laborales. De los 138.895 ocupados que se perdieron en el último día de enero se pasó a perder 260.332 ocupados en el último día de octubre, un mes marcado en rojo en el calendario porque los datos no acompañaron. Las oficinas de empleo sumaron cerca de 100.000 parados, casi el doble que un año antes, y el peor dato desde 2012, en plena crisis del euro.
¿A qué se atribuye esta destrucción de empleo? Las cifras son una consecuencia directa de la temporalidad en el empleo. Los contratos son cada vez más precarios y tienen menos duración, meses, días e incluso horas, lo que hace que las altas y bajas a la Seguridad Social fluctúen de forma brusca a lo largo del mes (finalmente se crearon 106.541 puestos de trabajo en octubre). En algunas casos las empresas contratan a un trabajador que es despedido a final de cada mes y de nuevo contratado a principios del siguiente. Es una práctica poco ética, muchas veces ilegal, que siempre ha estado bajo lupa de la Inspección, aunque a la vista de la reiteración de esta práctica, con resultados poco satisfactorios.
Para que una empresa pueda encadenar contratos tiene que tener una causa que justifique la necesidad de cubrir un empleo temporal, pero si se trata de empleos que tiene que cubrir durante todo el año, o durante una etapa concreta, la legislación exige que sean indefinidos. Sin embargo, algunas empresas optan por encadenar contratos que vencen periodicamente y los van renovando, lo que esconde un fraude en la contratación si lo que están cubriendo son puestos fijos con trabajadores temporales.
A pesar de que la recuperación económica permitió absorber parte del empleo destruido durante los años de la crisis, la ocupación que se genera en España no es de calidad. Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012), los contratos que se firman cada mes son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que, en el sexto año de recuperación, mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad en Europa.
Los últimos datos de paro registrado, de octubre, reflejaban que solo el 10% de los contratos que se firman son indefinidos. O lo que es lo mismo, que el 90% de los contratos que se suscriben son temporales. Y casi tres de cada diez de estos contratos eventuales apenas duran una semana o incluso menos, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
El pasado diciembre el Ejecutivo aumentó en un 40% las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a cinco días. Una medida que justificó en la «necesidad de luchar contra la precariedad en el empleo y contra el abuso en la celebración de contratos de corta duración». Este incremento de cuota se ligó a una mejora de la protección social de estos trabajadores, a los que se aplica un «coeficiente de temporalidad» que permite reunir un mayor número de días en alta. De esta forma equipararán su protección social con quienes han podido suscribir un contrato con una duración más amplia. Por cada día cotizado se les computa 1,40 días de alta para el cálculo de prestaciones por jubilación, incapacidad temporal, paternidad o maternidad.
No fue la primera vez que se penalizó la contratación abusiva. Los contratos temporales de duración inferior a 7 días ya aplican un incremento del 36% de la cuota empresarial por contingencias comunes.
