La Junta Electoral (JEC) ha decidido darle carpetazo al escándalo relacionado con la campaña de intoxicación que se apoyaba en Facebook para desmovilizar el voto de la izquierda. La entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Electoral ha decidido archivar las denuncias presentadas por Más País y por el Partido Socialista.
La JEC cita en su acuerdo jurisprudencia de 1982, concretamente una sentencia del Tribunal Supremo dictada más de 20 años antes del nacimiento de Facebook. Todo para concluir que "las actuaciones denunciadas están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión" y no se puede considerar "que estén encaminadas a captar votos favorables para una candidatura sino para exteriorizar posiciones críticas con determinadas formaciones en el marco del debate público propio de toda campaña electoral".
Según los magistrados que integran la Junta Electoral "no se ha acreditado mínimamente que esta formación (Partido Popular) pueda ser autora de los hechos denunciados". Una convicción que se sustenta en que "los autores identificados han rechazado explícitamente que esa formación política tenga que ver con estos hechos".
La campaña denunciada pedía la abstención específicamente a los votantes del PSOE y Unidas Podemos en las elecciones generales del 10 de noviembre valiéndose de dos vías para hacer llegar su mensaje: por un lado, miles de carteles que han aparecido en los últimos días en las calles de barrios que apoyan tradicionalmente a partidos de izquierda, colocados en Madrid y varias ciudades andaluzas. Por otro, una campaña de anuncios pagados en Facebook que han llegado a unos dos millones de usuarios en menos de cinco días.
Más País solicitó "el cese inmediato" de la misma, así como que la Junta Electoral impulsara el inicio de un procedimiento penal contra los responsables de esa campaña, entre los que se encuentra uno de los colaboradores de uno de los principales gurús a sueldo del Partido Popular. La JEC ha decidido desoír esas peticiones.
