«Las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, permiten advertir la existencia de una organización criminal con fines terroristas que cumple con las premisas, que según la doctrina, son consideradas como características esenciales de la criminalidad organizada». Es una de las conclusiones contenidas en la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en relación con las actividades de los CDR, contenidas en el sumario de la operación al que ha tenido acceso este diario.
En su informe, la Benemérita cita una frase capturada durante una intervención telefónica a Ferrán Jolis, responsable del Comité de Ciberseguridad de CDR a nivel nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se queja durante los preparativos diciendo «me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda ordanizada».
La convicción de los investigadores de que los CDR son una organización terrorista es tal que en sucesivos contenidos se les denomina directamente como tal, «organización terrorista», dentro de la que se identifica un «"núcleo productor" encargado de elaborar explosivos, bajo el propósito último de la organización criminal; que no es otro que el encadenamiento de una serie de actos terroristas para subvertir el orden constitucional alterando el orden público con derivación a la propia seguridad ciudadana para facilitar la instauración de un gobierno independiente en forma de república en Cataluña». La ejecución de los «actos terroristas» sería tarea del «núcleo ejecutor», integrado por miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
Esos actos violentos se encuadrarían dentro del llamado «Dia D» e incluiría el uso de los mencionados compuestos explosivos elaborados por el "Núcleo productor" para la comisión de actos de sabotaje contra instalaciones de especial importancia estratégica como torres eléctricas, así como acciones de carácter terrorista contra instalaciones policiales como es el caso de Acuartelamientos de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, que quedan acreditadas en las diligencias.
El sumario constata que la «célula terrorista» encargada de la preparación de explosivos tenía como «laboratorio clandestino» el domicilio de Alexis Codina. La Guardia Civil subraya que «los actos preparativos realizados por la organización terrorista y documentadas por esta instrucción, no se deben concebir como meros hechos puntuales y aislados; sino como parte de un todo, de un plan preconcebido en aras de un proyecto mayor, que no es otro que la secesión de Cataluña e implementación de la república catalana»
De la declaración de Clara Borrero - a la que denominan «el miembro más transversal del ERT»- se concluye que «la organización terrorista tiene una manifiesta vocación de establecerse en el tiempo como ha quedado debidamente acreditado, para ello instauró una división de funciones, clave del éxito de la estabilidad y la subsistencia de este tipo de organizaciones».
Desde su creación en junio de 2017, los CDR han evolucionado hasta conformarse «como una organización criminal», explica el juez Manuel García-Castellón, el investigador de los planes para atentar tras la sentencia del plan secesionista ilegal. «En síntesis, se podría decir que los CDR han evolucionado hasta el estadio de de máxima clandestinidad, donde los miembros que permanecen son los más comprometidos con la "causa"», señala el magistrado.
Para lograr esa situación, los miembros de este grupo se han dotado de medidas de seguridad, especialmente respecto a las comunicaciones, conscientes de la naturaleza ilícita de sus acciones y las posibles repercusiones penales. Los CDR se habrían organizado así en comisiones locales, territoriales y nacionales.
«En dicho contexto, esta unidad detectó a ciertos componentes que, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia de los CDR, se constituyeron en una célula que elevase la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior". El resultado, según las pesquisas, fue la creación de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) por parte de Ferrán Jolis Guardiola, uno de los siete encarcelados el pasado mes de septiembre.
