El paso de los meses constata que los cambios normativos introducidos por Ada Colau a finales de 2018 y en vigor desde el 1 de enero de 2019, obligando a reservar para vivienda protegida (VPO) un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones residenciales, están frenando la construcción en la ciudad, según datos de CBRE y la Asociación de Promotores y Constructores (Apce).