Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro manifestara que la mayoría de las víctimas de homicidio estaban ligadas al crimen organizado, Rubén Ortega Montes, investigador y profesor del Departamento de Justicia y Derecho de la Universidad de Guadalajara, enfatizó que al no haber sentencia “no puede decir que es delincuente, para empezar, por principio de presunción de inocencia”.
El académico del Centro Universitario de la Ciénega puso en tela de juicio el informe de seguridad presentado el pasado lunes por Enrique Alfaro Ramírez, en el que consideró que se hicieron “cuentas alegres”.
“Tengamos en cuenta que Jalisco, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en robo de vehículos con 12 mil 657 de estos, de octubre de 2018 a septiembre de 2019; tan sólo en el municipio de Zapopan, que ocupa el quinto lugar a nivel nacional, se robaron 2 mil 326 vehículos en el mismo periodo. En robo a negocios tenemos 11 mil 768 casos; Guadalajara ocupa el primer lugar a nivel nacional en donde más autos asegurados se roban con 6 mil 565, así como los 11 mil 650 robos a transeúnte. Simplemente esto ya nos empieza a dar una cifra escalofriante contrario al informe que nos brindó el gobernador”, expuso Ortega Montes.
En cuanto a delitos denunciados hasta el 30 de septiembre pasado, Jalisco ocupa el tercer lugar nacional y solamente lo rebasa el estado de México con 248 mil 759 y la Ciudad de México con 184 mil. En la entidad, se tienen 121 mil 177 delitos denunciados al 30 de septiembre sin contar todos los casos que no se denuncian. Todo esto con base a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
“Dice tener buena relación con el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que impugnar la reforma judicial, lo que nos indica que aparte de los movimientos que hagan los propios magistrados, tuvo que intervenir un organismo nacional en el estado porque está viendo que se lleva a cabo una acción fuera del estado de derechos en la división de poderes”, puntualizó.
Acerca de los perfiles de las víctimas de homicidio que Alfaro Ramírez presentó en lo que denominó “la segunda parte de su primer informe”, en relación con que con más del 70 por ciento de los fallecidos tenían antecedentes penales u órdenes de aprehensión, el investigador de la UdeG manifestó que, cuando una persona carece de una sentencia, no puede decir que es delincuente.
“Para empezar, por principio de presunción de inocencia, violenta los derechos humanos de todas estas personas a las que además, el estado no les brindó seguridad pública para que se les cuidara y se protegiera el bien más preciado que es la vida, estaban en la calle, no los mataron en la cárcel, así que aparte está violando y violentando los derechos de esas personas que ya murieron; después viene el bien de la libertad y cuántas personas no han sido privadas de este derecho; tampoco ahí ha cumplido”, aseveró.
Asimismo, lamentó que no se le haya dado la debida importancia a los elementos de las fuerzas de seguridad caídos en el cumplimiento de su deber al ocultar la cantidad de cuántos de ellos han perdido la vida: “le falta el respeto a las familias y a sus deudos, a quienes de hecho no se les ha pagado lo que debía de otorgárseles. Ellos están en las calles enfrentando el problema y él se rodea de todo un aparato de seguridad y además no enfrenta el crimen de manera directa”.
“Siempre hemos visto que en los lugares que ha estado, ha dejado un crecimiento en las tasas de inseguridad, ahí está Tlajomulco y Guadalajara. Yo creo que no vamos bien y falta todo por hacer, en seguridad no nos puede estar mintiendo, la seguridad pública es percepción”, concluyó.
SRN
