Las afirmaciones hechas esta mañana por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para atribuirse el mérito de que la Fiscalía haya reactivado la iniciativa de detener a Carles Puigdemont y que sea entregado a España, han convulsionado la campaña. De hecho, Sánchez se ha enredado tanto en su discurso que ha dado a entender que la Fiscalía General se limita a obedecer sus instrucciones: «La Fiscalía, ¿de quién depende? Del Gobierno. Pues ya está».
Sin embargo, y más allá del significado político que esta afirmación tiene, que ha sido duramente contestada por la mayoritaria Asociación de Fiscales, Sánchez demuestra un enorme desprecio por la autonomía e independencia de criterio del Ministerio Fiscal. Una cosa es que, jurídicamente, el cargo de fiscal general del Estado sea propuesto y nombrado por el Gobierno, y otra distinta es que el jefe del Ejecutivo sea su superior jerárquico, o que el fiscal general esté supeditado por ley a sus órdenes e instrucciones. Es falso. La dependencia administrativa del cargo no tiene nada que ver con la independencia de criterio que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye al fiscal general, y que su actuación esté sometida exclusivamente a la legalidad y no a las decisiones políticas del Gobierno de turno. De hecho, este tipo de afirmaciones suelen poner en entredicho a la Fiscalía, comprometen su papel constitucional, erosionan su imagen y ofrecen una falsa percepción de obediencia política que no es real.
