El exconseller de Educación Alejandro Font de Mora (PP) ha explicado hoy al juez del caso Imelsa, ante quien ha comparecido como testigo, que Máximo Caturla, subordinado suyo, era quien daba las órdenes en la empresa pública CIEGSA, que según el fiscal podría haber sido usada para la financiación ilegal del PP valenciano y para el lucro de sus altos cargos desviando dinero del presupuesto previsto para construir colegios.
Font de Mora ha salido del juzgado en la misma condición de testigo en la que entró (es decir, obligado a decir la verdad, pero sin la necesidad de ir acompañado de abogado por no existir sospechas contra él). Ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, pero no a las formuladas por los abogados de los otros implicados en el asunto, que no han considerado necesario interrogarle, según fuentes de la investigación.
La figura de Máximo Caturla -investigado en ésta y otras piezas-, nombrado secretario autonómico de Educación el 30 junio de 2003 (Gobierno Camps) y posteriormente nombrado consejero delegado de Ciegsa, en diciembre de 2004 por el propio Font de Mora, ha centrado las respuestas del ex conseller, quien ha afirmado que le dio poderes a Caturla para decidir en torno a los contratos.
Además, el ex conseller de Educación (departamento al que pertenecía CIEGSA), ha dicho que no le llamó la atención el incremento del dinero público que conllevaron aquellas nuevas contrataciones decididas por Caturla, porque había que construir colegios. Y ha añadido que nunca vio irregularidad alguna y que nunca revisó ningún informe sobre ese asunto.
La Guardia Civil informó hace un mes al juzgado de que la citada empresa pública CIEGSA, usada por la Generalitat durante la etapa del PP para la construcción de colegios, sirvió para la financiación ilegal del PP autonómico y provincial durante las presidencias de Francisco Camps y Alfonso Rus.
Y que altos cargos del PP con responsabilidad en esta empresa cobraron comisiones ilegales tras manipular varias adjudicaciones de obras con un doble propósito: el lucro personal y la financiación ilegal del partido.
La UCO subraya que “los máximos responsables de CIEGSA han sido cargos de confianza del presidente de la Generalitat”, y cita concretamente a Máximo Caturla -investigado en esta y otras piezas-, nombrado secretario autonómico de Educación el 30 junio de 2003 (bajo el Consell de Camps) y posteriormente consejero delegado de Ciegsa, en diciembre de 2004.
