Son numerosos los ejemplos de obras públicas que realizan o supervisan los gobiernos federal, estatal o municipales de mala calidad, que no se terminan en los plazos anunciados y que terminan costando lo doble o triple de lo calculado inicialmente.
La historia más reciente de este tipo de corrupción la tenemos en la construcción de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, que se presupuestó inicialmente en 17 mil millones de pesos y terminará costando al menos 34 mil millones de pesos; es decir, el doble. Se va a entregar con dos años de retraso, que significaron el colapso de cientos de negocios que se vieron afectados por las obras, y aún sin funcionar, se le han encontrado varias fallas en su construcción.
Esto sucede muy frecuentemente en las obras públicas en Jalisco y en todo el país por los favoritismos, los moches y la opacidad en la licitación de los proyectos y su realización, que provocan, también, muchas veces el incumplimiento de los plazos de entrega, y lo más grave, el encarecimiento de las construcciones y los servicios.
Por ejemplo, la empresa que vendió los neoprenos defectuosos que se siguen cambiando en la Línea 3 tiene su domicilio en el Estado de México y está a nombre de Ana Laura Salinas Peña. Apellidos de los ex presidentes priistas Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.
Como decíamos, lo ocurrido con la construcción de la Línea 3 es sólo un botón de muestra de lo que pasa con muchas obras públicas, por lo que es altamente relevante la firma de un convenio entre el Gobierno estatal y los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Guadalajara con la organización británica CoST, que los obliga a abrir y transparentar los procesos de licitación, contratación y supervisión de cada obra.
Pendientes de este ejercicio, que consistirá en que los responsables de las dependencias que tengan que ver con la obra pública entreguen la información a las universidades y organizaciones de la sociedad civil, estará México Evalúa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
Habrá que esperar para ver cuáles son los resultados de la revisión de los primeros contratos y el nivel del cumplimiento de este compromiso y muestra de apertura de las autoridades locales, para combatir una de las mayores fuentes de corrupción.
Y volviendo a la Línea 3, también habrá que ver en qué quedaron las revisiones a los costos en los arqueos realizados para poder proyectar el presupuesto que hacía falta para concluir los trabajos, y las auditorías que realizarían para sancionar los eventuales casos de corrupción que hayan sido factor para que se duplicara el costo de la L3.
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