La violencia organizada que impera en México está produciendo hechos de barbarie insospechados y brutales, como la agresión de un grupo de sicarios en contra de la familia LeBarón, cerca del poblado de Bavispe, entre Sonora y Chihuahua.
La agresión, en la que tres mujeres y seis menores murieron, ha provocado una condena generalizada y vuelve a producir rabia e ira por la situación límite a la que hemos llegado. Para quienes dirigen esta violencia organizada no importa ninguna vida, así sea la de los más indefensos como pueden ser niños o bebés incluso.
Una parte de esta guerra que existe en México, y que ahora está no sólo generalizada sino desbordada, la han padecido históricamente los pueblos originarios del país.
Esta misma semana, la comunidad indígena de tepehuanos y wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán, localizada en el municipio de Villa Guerrero, al Norte de Jalisco, fue agredida por un grupo de caciques e invasores de tierras de este pueblo indígena.
Según dieron a conocer en un comunicado, el domingo 3 de noviembre, los caciques Fabio Flores (alias “La Polla”), Javier Guadalupe Flores Sánchez, Mario Flores y un grupo de gente armada, privaron de la libertad y golpearon hasta herir de gravedad a Ricardo de la Cruz, presidente electo del Consejo de Vigilancia del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales. Ricardo de la Cruz fue abandonado en la carretera y al avisar de su ubicación fue llevado al Centro de Salud, donde se negaron a atenderlo hasta que presentaran los papeles del Seguro Popular, a pesar de tener una herida en el pulmón hecha con un arma punzo cortante.
Al recoger los papeles, varios miembros de la comunidad fueron agredidos de nuevo por los caciques y sus golpeadores. Entre ellos al comunero Rafael Reyes Márquez, herido con traumatismo craneoencefálico, y a Noé Aguilar Rojas, quien tiene varias heridas con armas punzocortantes.
No es la primera vez que los caciques e invasores de las tierras del pueblo tepehuano sufren agresiones graves e incluso privaciones ilegales de la libertad.
El grupo de caciques ha reaccionado de forma cada vez más violenta conforme avanza el proceso de organización autónoma de la comunidad, y con ello su decisión de recuperación de tierras invadidas. La agresión más reciente ocurrió cinco días después de que los comuneros decidieron retirar el alambre de un predio de dos mil hectáreas de su propiedad, cercadas por los caciques.
El pueblo tepehuano de San Lorenzo de Azqueltán es de las pocas comunidades indígenas de México que resguarda el titulo virreinal entregado por la Corona Española en 1737. Sus tierras eran extensas y ahora apenas se les reconocen 90 mil hectáreas, de las cuales tienen invadidas 38 mil.
Con frecuencia se habla de conflictos agrarios entre los pueblos indígenas y los invasores, pero se olvida el papel que ha jugado el Estado mexicano en la producción de estos conflictos. Los conflictos políticos por despojo se originan en la impunidad de parte del Estado para detener y castigar las invasiones y despojos de tierras que padecen las comunidades originarias.
Y cuando éstas deciden autoprotegerse y cuidar de su territorio, enfrentan la violencia de los despojadores.
El Gobierno de Jalisco informó que ofreció apoyo médico y protección a los comuneros agredidos. Pero debe hacer algo más: detener la impunidad con la que actúan los caciques y coadyuvar a resolver en definitiva la restitución de tierras a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.
Terminar con la impunidad que históricamente han padecido los pueblos indígenas y brindarles la justicia a la que tienen derecho es un camino, además, hacia el fin de esta guerra que lacera a la sociedad mexicana.
