«Por haber traficado con el patrimonio histórico documental de todos los españoles» la asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha anunciado que interpondrá querellas penales contra el actual ministro de Cultura en funciones, José Guirao, el exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferrán Mascarell, y el subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández. Para todos ellos pedirá su «ingreso en prisión».
El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha presentado este miércoles las acciones judiciales que emprenderán y ha asegurado que la decisión se toma tras «haber puesto en conocimiento del Ministerio de Cultura que la documentación entregada a la Generalitat se estaba entregando a organizaciones independentistas mediante resoluciones injustas».
«Eso es un delito y, por eso, interpondremos las querellas penales, que consideramos que no pueden tener otro fin que el ingreso en prisión de los responsables de la Generalitat de Cataluña que han cometido esos delitos, y de los responsables del Ministerio de Cultura que no han tomado medidas conociendo la situación», ha expresado Sánchez.
Las querellas penales se interpondrán como tercera acción de un total de cuatro que llevará a cabo la asociación Salvar el Archivo de Salamanca durante los próximos días. Así, antes del próximo 10 de noviembre, se interpondrá una demanda ante la Audiencia Nacional para «exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con su obligación de exigir a la Generalitat de Cataluña la devolución de los documentos expoliados del Archivo de Salamanca», actual Centro Documental de la Memoria Histórica.
A ello se unirá la petición de «medidas cautelares» ante el Tribunal Supremo, a partir de la próxima semana, para que «se intervengan judicialmente los documentos originales enviados a Cataluña y que dejen de estar en manos de la Generalitat», con el objetivo de que esos 400.000 «papeles» que «no se están entregando a sus propietarios, no acaben desaparecidos».
Por último, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca pedirá «responsabilidades administrativas y personales» a los responsables del Ministerio de Cultura «por falta de contestación o inadecuada forma de contestar» ante los escritos remitidos por la asociación salmantina los días 28 de enero, 11 de marzo, 20 de mayo, 12 de agosto y 8 de octubre, en los que reclamaban «la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca, tal y como ordenaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», informa Ical.
«El 24 de octubre finalizó el plazo de contestación y no nos han dejado otra opción», explicó Policarpo Sánchez, quien recordó que la sentencia «decía que mi demanda de devolución de documentos tenía razón pero que tenía que ordenarla el Gobierno de España», motivo por el que la asociación iniciará las acciones judiciales contra el actual Ejecutivo y no contra el anterior, que como señaló el abogado de la asociación, Enrique de Santiago, «no estaba requerido para el cumplimiento de ninguna sentencia».
