Ahora que el gobierno estatal impulsa la renovación del transporte público a través del modelo de Ruta Empresa y hasta da el banderazo para el Peribús hoy bautizado como “Mi Macro Periférico”, abandonado en un rincón y olvidado como un apestado Frankestein, está el Sistecozome, el mejor ejemplo de impunidad y corrupción en el transporte en los últimos años.
Aunque su liquidación fue aprobada por el congreso local en julio de 2017, todavía no terminan de resolver los conflictos laborales que involucran a unos 300 trabajadores que esperan una liquidación justa. El dictamen de decreto que abrogó la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) y decretó la extinción de la empresa, por inviable y con una deuda reconocida de 299 millones 895 mil pesos, advertía lo siguiente:
“El Gobierno del Estado deberá garantizar en todo momento el respeto estricto a los derechos laborales de los servidores públicos y trabajadores de dicho organismo en los términos de ley, proponiendo opciones de liquidación, reubicación o cualquier otra figura bajo condiciones de justicia y equidad”.
Derivado del decreto, se ordena a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, nombrar a un liquidador que en este caso recayó en la persona de Martha Benavides, para que realizara las tareas de conclusión de la vida activa del organismo. Pero en los registros celebrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, figuran decenas de “renuncias voluntarias” y no liquidaciones de ley, a las que fueron sometidos los trabajadores por presiones y en vísperas algunas de la navidad.
Dos años después de expedido el decreto, sobreviven 300 juicios laborales interpuestos por unos 200 trabajadores que no aceptaron las “renuncias” y prefirieron pelear por lo que marcaba la ley: 3 meses de sueldo, 20 días por año y quienes tenían más de 10 años de antigüedad 12 días de 2 veces el salario por cada año.
En la lista de trabajadores del Sistecozome figura personal de 25, 27 y hasta 28 años de antigüedad y algunos que necesitaban un año o 2 para pensionarse, pero no fueron reinstalados. En la historia podrida del organismo, queda pendiente además el cúmulo de actos impunes y despojo para trabajadores como la famosa “mutualidad” que le descontaban del salario a los choferes para cubrir algún accidente, pero cuando tenían siniestros les cobraban en sus quincenas el choque. Este cobro abusivo fue acreditado en una diligencia por la Fiscalía General del Estado. En total, se acumularon unas 18 denuncias penales que no fueron atendidas en fiscalía y algunas señalaban al ex director Lázaro Salas Ramírez. Además de la deuda de 274 millones de pesos a Finanzas del gobierno estatal que nunca podrá ser recuperada. Un ejemplo del manejo discrecional de Sistecozome, es el contrato C.A.R. 004/2011 que el 2 de enero de 2011 firmó el ex director Lázar Salas Ramírez con Televisa para rentarle 97 postes para que colocara su cable de fibra óptica.
Le cobró 193 pesos con 76 centavos por año por cada poste. Es decir 18 mil 794 pesos por cada año, renta que sería prorrogable en los mismos términos ajustando el porcentaje de inflación establecido por el Banco de México.
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