Ya se vio con la polémica Ley Sinde. El Gobierno no necesita acudir al juez para cerrar páginas webs. Aunque en algunos casos es el juez quien debe determinar el cese de una página web, el nuevo decreto ley que dota al Gobierno de competencias excepcionales para poder tumbar una eventual república digital catalana permitirá el cierre inmediato de las webs, aplicaciones y servicios online que considere lesivas para el orden y seguridad pública, así como para la seguridad nacional.
